UN MAL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL (A refutart !!)

 UN MAL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de Codificación y de las Cátedras de Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional y la Universidad Católica

"Cuando visito un país, no me paro a examinar si hay buenas leyes, sino si se cumplen las que haya, pues leyes buenas en todas partes las hay" (Montesquieu)

"Porque lo que cuenta, en definitiva, no es lo que en la ley se diga, sino lo que con la ley se haga" (E. Gómez Orbaneja)

Un grupo, en mayoría, de Ministros de la Corte Suprema de Justicia propicia la sustitución (abrogación) del actual Código Procesal Civil, entre otros.

Con esa finalidad, ha remitido al Poder Legislativo un proyecto de "CÓDIGO PROCESAL GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY", con su respectiva exposición de motivos. La legislación que contiene se aplicaría a todos los procesos, actuaciones y/o contenciosos, inclusive la justicia de paz y electoral, salvo los relativos a materia penal, protección de menores y de deudas contrarias a la ley penal imputables a menores.

La denominación "Código Procesal General" se ha copiado del código uruguayo.

La Comisión Nacional de Codificación nunca fue consultada para la elaboración del Proyecto y tampoco lo fueron las Cátedras de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", que son las que suscriben este pronunciamiento conjunto, tras un examen exhaustivo del Proyecto, por considerar que propone una reforma procesal para nuestro país.

En la exposición de motivos se le atribuye la virtud de ser una "obra completamente paraguaya, basada en las tradiciones y el lenguaje jurídico de nuestro país y firmemente apoyada en la Constitución nacional", que nos permitimos negar.

Dentro del derecho procesal existen dos tipos de procesos. Uno predominantemente escrito, otro predominantemente oral.

Ambos sistemas tienen sus propias bondades y sus propios defectos.

El sistema predominantemente oral resulta, para el Estado, mucho más oneroso. Es un proceso caro. Requiere, además, de jueces y abogados altamente calificados, expertos y prudentes, de gran preparación y probidad. Con especial referencia a los jueces hay que decir que deben ser de una honestidad a toda prueba ya que en ámbitos amparados que la ley concede, en la inmediación de las audiencias, pueden ser la tumba de muchos derechos y el descrédito del Poder Judicial.

El sistema de derecho procesal civil es predominantemente escrito, lo que a criterio de los miembros de mayoría, de la Corte Suprema, sería una de las mayores causas de la lentitud en los procesos. Sin duda la redacción de escritos, cuando son claros y precisas referencias a la ley vigente resultan útiles pero, la realidad que en verdad es una de las mayores causas de aquella "lentitud" se debe a la excesiva estimación que la solución se halla en un código que sea predominantemente oral y, en consecuencia, proponen un sistema que denominan "proceso mixto por audiencias". La audiencia sería única, pero en varias sesiones, lo cual resulta un contrasentido, puesto que la audiencia única es única. Se haría todo en una sola etapa o sesión y no podrá suspenderse más. Al final de la primera audiencia, en la etapa final, en su caso, se dictaría sentencia. Teóricamente, en un abrir y cerrar de ojos, un pleito quedaría concluido en Primera Instancia, aunque por vía de apelación el Proyecto admite la segunda instancia, francamente, dudosa en el tiempo.

Esta audiencia constituye el eje sobre el que gira y se asienta todo el sistema que se quiere implantar, bajo pena de nulidad de lo actuado si no hay audiencia. Las audiencias. La celebración de la audiencia tendrá prioridad y responsabilidad realizada cada secretaría, bajo el cargo de abogados, se halla en el centro de la reforma legal propuesta.

EL FACTOR HUMANO: Calificación, honestidad, número, infraestructura.

Dijo el Profesor Augusto Morello, Catedrático de la Universidad de la Plata, refiriéndose al proceso oral, dice: "Sólo contando con jueces calificados, independientes y responsables, pero también muy ágiles y experimentados, puede asegurarse un razonable rendimiento".

No descubrimos nada y nadie cree que en el Paraguay un número importante de jueces y abogados padece de insuficiencia profesional y honestidad. Aquí el acceso a la judicatura, generalmente de primera instancia, no es la culminación de una vida profesional y económica exitosa. Es apenas el inicio de una etapa de aprendizaje. Se carece de la solvencia y una función pública que provee a jóvenes abogados de un salario mayor del que gozan la mayoría de los empleados del Estado.... El proceso oral requiere de jueces con mucha experiencia, de magistrados sumamente expertos, expertos y prudentes, de gran preparación y de probidad, con un dominio real y completo de la plenitud del orden jurídico, evitando cuadricular el derecho en compartimentos estancos y con la agudeza intelectual que les permita discernir y decidir en el acto, en las audiencias, debiendo ser de verdad el ordenador de las audiencias, y en un escenario abierto, saber lo que hace y decidir.

¿Estamos preparados para la rectilínea y eficiente operatividad del sistema oral? Con una masa de abogados con adecuada formación universitaria. ¿Tenemos un número de jueces que nos permitan ser optimistas? Estas cuestiones son imprescindibles porque si en el engranaje del proceso predominantemente oral se introduce un error o la conducta maliciosa, se paralizará el juicio.

El número de jueces que tengan a su cargo el despacho de cada tribunal o juzgado es otro de los problemas. La viabilidad del sistema tiene directa relación con la posibilidad real de llevar adelante en tiempo y forma aquello que el eje de la esencia del sistema oral: LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS.

En buena hora, en mayoría, de la Corte Suprema nos dicen en su exposición de motivos: "...si se utiliza debidamente la estadística, para adoptar un sistema flexible de distribución de la competencia judicial, de tal manera que no haya, junto a jueces recargados de trabajo, otros con poquísimos asuntos, el sistema racionalmente equilibrado que se obtendrá, permitirá celebrar las audiencias en tiempos razonables".

No conocemos dicha "estadística". Tampoco sabemos que nuestro actual sistema de distribución de causas por sorteo permita que existan jueces con "poquísimos asuntos", al lado de jueces "recargados de trabajo".

Lo que se puede saber, simplemente indagando con los secretarios de los juzgados en lo civil y comercial de Asunción, es que hoy ingresan no menos de cinco expedientes por día, por cada secretaría, lo que hace un no menos de diez expedientes que diariamente quedan a cargo de cada uno de los trece jueces de la capital.

Suponiendo que de esos diez procesos sólo seis requiriesen fijación de Audiencia, el magistrado debería estar en condiciones de sustanciar plena y totalmente seis audiencias por día, caso contrario quedarán audiencias pendientes de fijación o pendientes de sustanciación. En el proceso por audiencias, la falta de oportuno diligenciamiento de todas ellas, lleva -ineludiblemente- al colapso del sistema. Y si ello ocurre, la administración de justicia habrá fallecido, más aún, en el aspecto que tratamos, a una institución proveedora de empleos. De trabajos que no se cumplen, o que se cumplen mal.

Se admite que una cantidad apreciable de jueces de primera instancia no pueden dedicarse por entero a su función jurisdiccional, porque, considerando sus retribuciones mensuales salariales, deben buscar un cuarto equilibrio presupuestario, recurriendo a la docencia. En especial los que tienen familia que mantener. Si cada mañana deben ocuparse de sustanciar audiencias y por la tarde o noche dictar cátedra, poco será el tiempo que les reste para satisfacer una aspiración que los señores ministros de la Corte Suprema, en mayoría, han puesto de resalto en su exposición de motivos al expresar que la celebración de la audiencia debe de la "muy bien preparada y responsablemente realizada por el juez" y que para ello "se ha de descargar a los magistrados de labores administrativas a cargo a la ley quien tiempo para el ejercicio de la función jurisdiccional".

Los jueces no podrán emitir fallas. No podrán solicitar permiso. No podrán ausentarse por ningún motivo. Cada día que falten generará un efecto en cadena que afectará gravemente las diligencias de los días subsiguientes.

DE LA INFRAESTRUCTURA:

El proceso predominantemente oral es sumamente costoso. En el proyecto, el factor humano constituye una aspiración de dar vuelta la cara al revés, procesalmente hablando. Suponiendo que esa intención se hubiese adoptado con plena conciencia de lo que significa y que es el momento que ofrece la coyuntura, se debió el punto de partida de toda la realidad de nuestro Estado que no difiere, por desgracia, por lo que hace al presente, para saber el presupuesto general de gastos de la nación y que en ese afán las cosas no muestran, ni con mucho, perspectivas de bonanza y de alivio a la alicaída billetera fiscal.... Se necesitarán más jueces. Muchos más jueces, como lo propicia el Proyecto. También se requiere de tecnología. El art. 31 del Anteproyecto dice: "...las audiencias se registrarán en audio, en dos originales, uno de los cuales se agregará al expediente en un soporte de CD o que permita que sea entregado a las partes para su reproducción en caso de extravío del primero. La grabación se hará electrónicamente, o por el medio más eficiente y seguro de que se disponga". Cuando este medio electrónico de que disponga el Poder Judicial lo permitan, en todos o en parte de los juzgados y tribunales, la Corte Suprema de Justicia podrá disponer, por acordada, la registración en audio y video". Es obvio el reconocimiento de la gran onerosidad del equipamiento, ratificada por el art. 87.3 del Proyecto.

Pero hay que enfrentar otros costos aún mayores. Ya hemos visto que se requerirán muchísimos más jueces que los que actualmente se hallan nombrados.

Cada nuevo juez requerirá de un despacho, de un local, y cada despacho deberá contar con una Sala especial, según se lee en el art. 87.2 del anteproyecto que dice: "La Corte Suprema de Justicia instrumentará la habilitación de salas en cada juzgado o tribunal, para la consulta de los expedientes, incluidas las grabaciones en audio o video y video que forman parte del proceso". Además, se deberá contar con salas de audiencias al paso para albergar a los sujetos del proceso y el público asistente.

A la vista de estas exigencias del nuevo sistema, ante el dilema eterno de fondos públicos angustiados ¿Cuántas nuevas construcciones de nuevos despachos, de nuevos locales, de nuevas salas de audiencias y consulta requerirá el Poder Judicial?

El Anteproyecto, de convertirse en ley, va a desangrar al Estado. Y si el Estado no provee los fondos suficientes, el eventual nuevo sistema morirá antes de nacer. Consideramos que hoy no se justifica ese talento que contempla la elaboración de unas bases tecnológicas iniciales, como son la educación, seguridad, etc.

La ecuación costo-beneficio queda pendiente de demostración.

Conforme a lo hasta aquí expuesto, se estima que el Anteproyecto es algo inoportuno. Algo que aun cuando pudiese constituir una importante promesa de buena justicia, en extraordinarios méritos, no puede ni hoy ni mañana (corto y mediano plazo), tener andamiento en el Paraguay, dadas las especiales circunstancias que constituyen la realidad de nuestro país, y dado el costo de los requerimientos humanos y materiales que reclama ese eventual cuerpo jurídico.

Respecto de lo que puede ser, o lo que pueda suceder a largo plazo, no pretendemos entrar a considerar en estas líneas. Al todo lo dicho hay que agregar que tampoco este Anteproyecto es un proyecto de regulación aceptable. Su vigencia ocasionaría grave daño a la ley y a la actividad jurisdiccional paraguaya. Esto no significa, ni mucho menos, sostener que el actual cuerpo jurídico procesal civil es perfecto. Requiere de algunas reformas para facilitar su aplicación.

En vista de todo lo anterior queremos señalar siquiera algunas de las graves deficiencias que padece el Proyecto:

En primer término, hay que recordar que todo proceso es un proceso mixto, con predominancia de la escritura o de la oralidad, y que no es cierto, en cuanto a la oralidad se refiere, que el Proyecto siga las más modernas tendencias del derecho procesal de América y Europa, pues en América, hasta donde sabemos, sólo se cuenta con el de la costa uruguaya, y no de las más importantes en cuanto a su riqueza y tradición jurídicas- y en Europa solo unos pocos. En la Argentina cada vez se intenta introducirlo al Código Procesal de la Nación por la Ley 24.573, denominada de "Mediación y Conciliación", cuyo texto introduce reformas al Código, incorporando en el art. 360 una audiencia preliminar, pero dentro del trámite del juicio escrito. Y también cabe citar que en la Provincia de Buenos Aires se instituyó el sistema oral relativo por ley 7.961, "pero en general la Comisión (oficial) no se optó por la forma de procedimiento oral". Se ha concluido inclusive que "la oralidad casi no ha sido ensayada y en la mayoría de los casos las experiencias han conducido a frustraciones" (V. Ferreyra de De la Rúa y Gonzales de la Vega de Ogil, "Constitución para un Proceso Civil Moderno", Bs. As., Ediar, 1997, pág. 79).

La reforma del Código Procesal Civil no termina con ella, sino que exige necesariamente la reforma del Código de Organización Judicial, debido a la interdependencia de la parte dinámica con la parte estática del derecho procesal. Y así lo reconoce el Proyecto que presentamos, en sus artículos 437.2 y 437.2.1. Conforme con lo que ellos establecen, la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa (artículo 203 de la Constitución) enviará al Poder Legislativo un proyecto de nuevo Código de Organización Judicial". Curiosamente, el Proyecto reconoce esa "facultad" que la Constitución consagra a favor de la Corte Suprema de Justicia, en un "deber", y viola de ese modo, además, el principio de independencia de los Poderes.

La derogación del Código Procesal Civil vigente se haría extensiva al sistema y al juicio de lo contencioso y electoral. Y ello es así como consecuencia de lo que prescribe el art. 37 de la Ley N° 635/95, el art. 47 del Nuevo Código Electoral (Ley N° 834/96). "Remisión procesal. En cuanto fuere pertinente, y en todos los casos con observancia del principio del debido proceso, las actuaciones contenciosas ante la Justicia Electoral se sustanciarán conforme a las normas establecidas en el Título XII del Libro IV del Código Procesal Civil relativo a la demanda del Conocimiento Sumario". La norma ley al regular el "trámite especial" ante la justicia electoral todavía agrega, en su art. 237 (Condiciones y Formas) 237 "En razón de que no podrán versarse sobre la impugnación de candidaturas a la nulidad de elecciones, o que no sea necesaria de la producción de pruebas en las cuales tramitarán de modo urgente y siempre que no se halle previsto un procedimiento propio, se aplicarán las reglas del proceso de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil, con las siguientes modificaciones". Este proceso de conocimiento sumario desaparecerá con la reforma. No es necesario, por ello, buscar el gran compromiso legal que comportaría la derogación del Código Procesal Civil en ese fuero electoral, sin las previsiones correspondientes, que no tiene el Proyecto examinado. Lo que ocurrirá en todos los casos en que leyes especiales se remiten específicamente a disposiciones del mismo, por ejemplo los artículos 70 y 72 de la ley orgánica municipal de inconstitucionalidad, o el art. 28 de la Ley N° 1.084 (QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS), en virtud del cual se establece que el Jurado tendrá las facultades disciplinarias previstas en el Código Procesal Civil y el de Organización Judicial, durante la tramitación del enjuiciamiento, etcétera, etc....

El Proyecto presenta como una de sus principales innovaciones lo que denomina como "procesos de conocimiento", y que los procesos para el debate deben seguir el juicio ejecutivo, el juicio sobre obligación de dar cosas fungibles, la de rendir cuentas o de escriturar o el de fijación de un precio de cosas; el juicio de desalojo; los juicios de interdictos, los juicios de mensura y de deslinde; el juicio sobre obligación de otorgar escritura pública; el juicio de disolución de sociedades comerciales; el juicio de rendición de cuentas (art. 273) y otros más, porque la enumeración hecha por el artículo no es taxativa, según se infiere de su tenor. Las reglas de este proceso monitoreo se aplicarían, empero, sin perjuicio de las especiales relativas al juicio ejecutivo y al juicio de desalojo, creándose de ese modo un híbrido procesal. Debe señalarse que no queda claro qué otros juicios podrían tramitarse por la vía del llamado proceso monitoreo, ya que la enumeración del artículo 273 no es taxativa, y no parece concebible esta norma con la del art. 408 del Proyecto, que prescribe que "todos los tipos de litigios que no tengan asignado otra vía legal, seguirán los trámites del proceso ordinario". Pero todo esto no es lo más importante. Lo más importante es que este proceso monitoreo -absolutamente inaplicable a ciertos juicios subsumidos por él- resultaría completamente superfluo; desde que bastaría con que el actor no hiciese oposición en juicio por mensualidad de rentas o vencido el plazo para la contestación, "el proceso monitorio se transformaría en sentencia, como el ordinario (conf. art. 207 a 209)", según previene el art. 287 del Proyecto. En suma, bastaría la oposición de una excepción para que el elogiado proceso monitoreo se ordinaria se, y entonces puede predecirse que ocurriría fatalmente que todos los procesos serían ordinarios, como los interdictos, el desalojo, etc., y el único proceso realmente vigente sería el ordinario. Con lo cual también se violaría el principio de técnica legislativa, según el cual debe respetarse la adaptación del procedimiento a la naturaleza de la causa, que, como es obvio, ya se violaría con la subsunción que el Proyecto propone de mandar al trámite del proceso monitorio todos los juicios especiales.

No deja de dejar de preguntar cuál es el valor que el Proyecto concede al mandante que las partes otorgan al abogado (o procurador) para que les represente en juicio, pues en su art. 15 admite el "Derecho a comparecer personalmente o a través de representante, por un lado, y, por otro lado, exige que la asistencia por abogado sea obligatoria, bajo pena de nulidad, y vayan firmadas por las partes (art. 102, 107 y art. 107.10), así como exige que comparezcan personalmente a todas las audiencias. Con esto se desnaturaliza y viene abajo la función del mandatario y, entre otras consecuencias, se limita muchísimo al ciudadano la posibilidad de estar en juicio, ya que el propio desconocer, al proyecto prescribe que "el representante judicial siempre tendrá las facultades de desistir, allanarse y transigir, aun cuando se diga lo contrario". Es decir, que si la mandante demanda ni contestar demanda sin la firma de su mandante, es decir, en su representación. En tales condiciones, la función del abogado procurador quedaría muy poco o porque a pesar de él el mandatario puede hacer cualquier cosa contra la voluntad del mismo.

El Proyecto no regula los títulos ejecutivos, estableciendo cuáles son los que traen aparejada ejecución, con lo cual, a falta de éstos, a cualquier documento puede ser considerado tal o ningún documento puede serlo, al arbitrio total del Juez. A nadie puede escapársele la gravedad de tal omisión, porque se deja de regular nada menos que respecto de la base del proceso de ejecución.

El Proyecto no regula las características y circunstancias bajo las cuales pueden ser decretadas las medidas cautelares, estableciendo sus diferentes tipos y alcances. Y al dejar de regular nada menos que ella (una enumeración meramente enunciativa (no taxativa), según su art. 254, lo cual representa un daño que no se puede calcular, pues quedaría a la entera discrecionalidad y arbitrio del Juez, con el agravante de que de ese modo se le otorga también un poder excesivo al mismo. Nadie desconoce lo que una medida cautelar es en la materia cautelar, en la cual siempre se ha sostenido un carácter restrictivo.

El Proyecto no regula las excepciones de previo y especial pronunciamiento, que entre paréntesis tienen en el vigente Código Procesal Civil un trámite mucho más expeditivo y oral, como no se lo regula. Al no regularse ellas, se produce un caos ya que todos ellos están destinados a obtener la protección contra el ejercicio abusivo de la pretensión de fondo del actor en la demanda, que ellas no son sino los supuestos en que han de fundarse y deducirse las peticiones que, congruentemente con lo que se pide, el órgano jurisdiccional tenga el deber, en la forma que se refiere, de diferenciar pronunciamiento que la sentencia debe tener.... El Proyecto elimina el deber del Juez de "resolver siempre con sujeción a la ley sin que sea permitido juzgar del valor intrínseco a equidad de ella", con lo cual se estaría violando los principios de legalidad y la garantía del debido proceso, e introduce flagrantemente la arbitrariedad judicial sin limitaciones, por cuanto no habría norma alguna en la que pueda sustentarse el órgano jurisdiccional en un determinado dictador del proceso.

El Proyecto elimina la perención o caducidad de la instancia como modo de terminación de los procesos; lo cual es coherente con el carácter publicístico del proceso, que es su característica, ya que el impulso procesal la ley lo encomienda en manos del Juez. Pero entonces es inaceptable lo que dispone en su art. 33.3, que hace caer sobre las partes las consecuencias de la inactividad judicial: "Paralizado un proceso en sus trámites principal y accesorios, por más de seis meses, el secretario dará cuenta al Juez y este dispondrá la intimación a las partes a proseguir el trámite bajo apercibimiento de tenerles por desistidas del proceso, si en el término de diez días no se presentaran a solicitar lo que corresponda". ¡Es una de sus principales innovaciones que ha de resultar injusta! ¡Es una de sus principales innovaciones que resultaría injusta! Es lo que hoy día más se critica: si se tiene en cuenta que el Proyecto también elimina la queja por retardo de justicia, con lo cual las partes no tendrían ninguna herramienta para hacerles cumplir sus obligaciones a los jueces y magistrados.

En realidad, el Proyecto presenta tantas deficiencias que no es posible agotarlas en un documento como el presente. Pues entre otras cosas, muchas de ellas otras cosas, propicia el prejuzgamiento y la irresponsabilidad de los magistrados (al eliminar la excusación "por el simple decoro" del Esp. de Mts. pág. 23), ser un copia fiel a la ascendencia uruguaya de un modelo "borrador", es decir, un proyecto de proyecto que ha sido luego modificado por aquel país (el actual Código Civil de la República Oriental de Uruguay), no regula el procedimiento de las quejas y de las apelaciones (art. 317 en reserva), por el acaso cambie la competencia (art. 5), pero no elimina el recurso de reposición, elimina la tercera instancia, o sea la casación, con lo cual la Corte Suprema de Justicia deja su función de entender en los recursos de casación, sin facultad para entender por vía de apelación; se refiere únicamente a la autonomía de los tribunales de apelación; elimina la acción autónoma de nulidad y la acción puramente declarativa; no fija criterio para la evaluación de las pruebas, dejando esa evaluación enteramente al arbitrio del Juez, etcétera, etc.

Por todo lo cual y las críticas que pudiesen hacerse a la mayor parte de las previsiones del Proyecto, a su pobre lenguaje jurídico, a su redacción imprecisa, a sus definiciones y aclaraciones innecesarias y a las frustraciones que propone, dejamos expresa nuestra oposición al mismo, manifestando que sería lamentablemente perjudicial para nuestro país que se convirtiera en ley.

COMISION NACIONAL DE CODIFICACIÓN (Sesión del 11/2/05) por unanimidad: Prof. Dr. Hernán Casco Pagano (Presidente), Prof. Dr. Francisco José De Vargas, Prof. Dr. Alejandro Encina Marín, Prof. Dr. Alejandro Ferrer Deheza, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser, Prof. Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli, Prof. Dr. Luis Enrique Chase Sise, Dr. José Alberto Correa, Dr. Jorge Gross Brown, Abog. Oscar Paciello (Secretario).

CÁTEDRA DE DERECHO PROCESAL CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: Prof. Dr. Hugo Allen, Prof. Dr. Hernán Casco Pagano, Prof. Dr. Arnaldo Catalino Arce....

CÁTEDRA DE DERECHO PROCESAL CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Prof. Dr. Juan Carlos Mendonca, Prof. Dr. Antonio Tellechea Solis (Rector), Prof. Abog. Manuel Riera Escudero, Prof. Abog. Rubén Fernández Colmán.