martes, 4 de noviembre de 2025

Del Positivismo Formal a la Dignidad Humana: Un Marco Iusfilosófico Post-Positivista

 

Del Positivismo Formal a la Dignidad Humana: Un Marco Iusfilosófico Post-Positivista para la Tesis sobre el Acoso Laboral en la Función Pública

Introducción: La Conexión entre la Filosofía del Derecho y el Sufrimiento Laboral

A primera vista, podría parecer que existe un abismo insalvable entre la abstracción de la filosofía del derecho y la cruda realidad del acoso laboral en la función pública. ¿Qué pueden decir las teorías de Hans Kelsen, Gustav Radbruch o Norberto Bobbio sobre el sufrimiento cotidiano de un funcionario sometido a hostigamiento, descalificación y abuso de poder por parte de un superior jerárquico? El *mobbing*, como fenómeno psicosocial, se manifiesta en actos concretos: la asignación de tareas inútiles, el aislamiento social, la crítica destructiva y constante, o la sobrecarga laboral deliberada. Estos actos, a menudo velados bajo la apariencia de legalidad y el ejercicio de la potestad de organización, erosionan la salud mental, la autoestima y la dignidad de la persona.

Este artículo se erige sobre una tesis central: la evolución del pensamiento jurídico del siglo XX, desde el positivismo formalista hacia el post-positivismo constitucionalista, no es un mero debate académico reservado a especialistas. Por el contrario, este tránsito intelectual proporciona el andamiaje conceptual y argumentativo indispensable para construir una defensa sólida y coherente de la dignidad del funcionario público. Demuestra cómo el derecho, en su concepción más evolucionada, trasciende la mera legalidad formal para convertirse en un instrumento de protección de los derechos fundamentales, incluso dentro de la compleja y jerarquizada estructura del Estado.

El problema del acoso laboral en la administración pública no es solo una cuestión de gestión de recursos humanos o de psicología organizacional; es, en su núcleo, un problema de filosofía jurídica y política. Pone en tensión la autoridad del Estado, la validez de sus actos y los límites del poder frente a los derechos inalienables de la persona que sirve en sus instituciones.

Para demostrar esta conexión, emprenderemos un recorrido argumentativo que sigue la propia evolución de la teoría jurídica. Iniciaremos con la rigidez y la pureza formal del positivismo de Hans Kelsen, un modelo que, si bien explica la estructura del poder estatal, muestra sus limitaciones para abordar la dimensión humana del conflicto. A continuación, exploraremos la ruptura moral que supuso la "Fórmula de Radbruch" tras la Segunda Guerra Mundial, un momento crucial que reintroduce la justicia como un criterio de validez del derecho. Posteriormente, analizaremos el refinamiento del positivismo en clave democrática de Norberto Bobbio, quien vincula de manera indisoluble la existencia de un Estado de derecho con la protección efectiva de los derechos humanos. Finalmente, culminaremos en una síntesis post-positivista, el paradigma del Estado Constitucional de Derecho, donde los principios como la dignidad humana no son meras declaraciones, sino normas jurídicas vinculantes que irradian todo el ordenamiento y facultan al juez para proteger al individuo frente al ejercicio arbitrario del poder. Este viaje demostrará que para defender a la víctima de acoso laboral, primero debemos comprender la naturaleza y los límites del derecho mismo.

Parte I: El Fundamento Positivista y sus Límites – La Teoría Pura de Hans Kelsen

El Derecho como Estructura Pura: El Modelo de Kelsen y la Función Pública

Hans Kelsen, con su monumental obra, la Teoría Pura del Derecho, se propuso una tarea de una ambición sin precedentes: elevar la jurisprudencia al nivel de una auténtica ciencia. Para lograrlo, consideró imperativo purificar su objeto de estudio —el derecho— de toda contaminación ideológica, política, moral o sociológica. Su objetivo era responder a la pregunta "¿qué es y cómo es el derecho?", y no a la pregunta de "¿cómo debe ser?". Esta "pureza" metodológica es el pilar de su pensamiento y la clave para entender tanto su poder explicativo como sus limitaciones frente a fenómenos como el acoso laboral.

La "Pureza" Metodológica y la Separación entre Derecho y Moral

Kelsen insiste en que la ciencia jurídica debe describir su objeto, el derecho positivo, tal como es, absteniéndose de juicios de valor. Para él, la justicia es un "ideal irracional", inaccesible al conocimiento científico. Existen múltiples sistemas morales, y la ciencia no puede privilegiar uno sobre otro. Por tanto, la validez de una norma jurídica no depende de su correspondencia con un orden moral, sino exclusivamente de haber sido creada mediante el procedimiento establecido en una norma de rango superior. Una ley es válida no por ser "justa", sino por haber sido aprobada por el parlamento siguiendo las reglas de la Constitución.

"Al caracterizarse como una doctrina 'pura' con respecto del derecho, lo hace porque quiere obtener un conocimiento orientado sólo hacia el derecho, y porque desearía excluir de ese conocimiento lo que no pertenece al objeto precisamente determinado como jurídico. Vale decir: quiere liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños. Este es su principio fundamental en cuanto al método." - Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho.

Esta separación tajante tiene consecuencias directas. Un acto administrativo, como una orden de traslado o una evaluación de desempeño, es jurídicamente válido si quien lo emite tiene la competencia para ello y sigue las formalidades requeridas. El hecho de que la orden sea "humillante", "degradante" o "injusta" es, desde la perspectiva de la ciencia jurídica pura, un juicio de valor metajurídico, irrelevante para determinar su validez formal.

El Derecho como Orden Normativo Jerárquico (Stufenbau)

Para explicar la estructura del derecho, Kelsen desarrolla la famosa teoría de la construcción escalonada del ordenamiento jurídico (*Stufenbau*). El derecho no es un conjunto desordenado de normas, sino un sistema jerárquico y dinámico. La validez de cada norma se fundamenta en una norma de grado superior, creando una cadena de validación que asegura la unidad del sistema. Un decreto reglamenta una ley; la ley desarrolla la Constitución; y la Constitución, a su vez, es la norma suprema del ordenamiento nacional.

En este esquema, el Estado no es una entidad separada del derecho; es la personificación de ese mismo orden jurídico coactivo. La función pública, por ende, es un engranaje crucial en esta maquinaria. Los funcionarios son órganos del Estado que actúan aplicando y creando normas (individuales o generales) dentro del marco de competencias que las normas superiores les confieren. Un superior jerárquico que da una orden a un subalterno está creando una norma jurídica individual, cuya validez depende de que su acto se ajuste a las leyes y reglamentos que regulan la función pública.

Visualización de la Estructura Jerárquica del Derecho (Stufenbau) según Kelsen.

En la cúspide de esta pirámide, Kelsen sitúa la *Grundnorm* o Norma Fundamental. No es una norma positiva (puesta por un acto de voluntad), sino un presupuesto lógico-trascendental que los juristas deben presuponer para poder interpretar como un todo coherente y válido el ordenamiento jurídico. Es la hipótesis que otorga validez a la primera Constitución histórica y, por ende, a todo el sistema que de ella deriva. Su contenido es simple: "se debe obedecer a la Constitución efectivamente establecida y eficaz".

Implicaciones para el Acoso Laboral y los Límites del Modelo

Si aplicamos este modelo con rigor al problema del acoso laboral, las conclusiones son reveladoras y problemáticas:

  1. Prevalencia de la Forma sobre el Contenido: Una serie de actos de un superior (reasignaciones, memorandos, evaluaciones negativas) serían, en principio, jurídicamente válidos siempre que se realicen dentro de las competencias formales atribuidas por la ley. El análisis kelseniano se detendría en la verificación de esta conformidad formal.
  2. La Irrelevancia de la "Injusticia": El carácter sistemáticamente hostil, humillante o arbitrario de dichos actos sería considerado un problema moral o psicológico, pero no estrictamente jurídico, a menos que una norma positiva específica lo tipifique como ilícito. Sin una ley que defina y sancione el "acoso laboral", el fenómeno quedaría fuera del campo de la ciencia jurídica pura.
  3. El Poder como Habilitación Normativa: El poder del superior jerárquico se entiende como una habilitación para crear normas. El abuso de ese poder solo sería relevante si transgrede los límites formales de esa habilitación, no si su ejercicio es "injusto" en su contenido.
Puntos Clave de la Sección
  • El positivismo kelseniano busca una ciencia jurídica "pura", separada de la moral y la política.
  • La validez de una norma depende de su correcta producción formal dentro de una estructura jerárquica (*Stufenbau*), no de su justicia.
  • En un marco estrictamente kelseniano, el acoso laboral solo es jurídicamente relevante si una ley positiva lo prohíbe explícitamente. La dimensión de la dignidad y la justicia es metajurídica.
  • El modelo, aunque potente para describir la estructura del Estado, se muestra insuficiente para proteger al individuo frente a abusos de poder que se amparan en la legalidad formal.

En conclusión, la Teoría Pura del Derecho nos proporciona un mapa invaluable de la estructura del poder estatal y la función pública. Sin embargo, su deliberada ceguera axiológica y su enfoque exclusivo en la validez formal la convierten en una herramienta insuficiente para fundamentar una tesis sobre el acoso laboral. Al excluir la dimensión valorativa —la dignidad, la salud, la justicia—, el modelo kelseniano deja a la víctima desprotegida frente a la ";violencia legal" de un poder que se ejerce de forma formalmente impecable pero materialmente destructiva. Es precisamente esta insuficiencia la que abre la puerta a la siguiente etapa de nuestro análisis: la necesaria reincorporación de la justicia al concepto de derecho.

Parte II: La Quiebra del Formalismo – La Fórmula de Gustav Radbruch

Cuando la Ley es Injusticia: La "Fórmula de Radbruch" como Límite Moral al Poder

La historia del siglo XX demostró de la manera más trágica que la máxima positivista "la ley es la ley" (*Gesetz ist Gesetz*), llevada a su extremo, podía servir de coartada para las mayores atrocidades. La experiencia del régimen nazi en Alemania, que utilizó un aparato legal formalmente constituido para perpetrar crímenes contra la humanidad, forzó a muchos juristas a reconsiderar los fundamentos de su disciplina. Uno de los más influyentes en este proceso de introspección fue Gustav Radbruch, un jurista que, habiendo sido un defensor del positivismo relativista, experimentó una profunda evolución en su pensamiento tras la guerra.

El Contexto Histórico: Del Relativismo a la Conciencia del Límite

Antes de 1945, Radbruch sostenía una postura que separaba el derecho positivo de la idea de derecho, argumentando que el jurista debía aplicar la ley vigente sin cuestionar su valor. Sin embargo, el colapso moral y jurídico que presenció lo llevó a una conclusión dramática: el positivismo, con su indiferencia hacia el contenido de las normas, había dejado a los juristas alemanes "indefensos contra leyes de contenido arbitrario y criminal". Esta autocrítica es el germen de su famoso ensayo de 1946, "Arbitrariedad Legal y Derecho Supralegal", donde articula la que hoy conocemos como la "Fórmula de Radbruch".

La Fórmula de Radbruch: Un Umbral para la Justicia

La fórmula de Radbruch no es un rechazo total al positivismo ni una vuelta ingenua al iusnaturalismo clásico. Es un intento matizado y poderoso de establecer un límite, un punto de quiebre donde la obediencia a la ley debe cesar. Su postulado se puede desglosar así:

"El conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica puede resolverse en el sentido de que el derecho positivo, asegurado por el estatuto y el poder, tiene prioridad aun cuando su contenido sea injusto e inconveniente, a no ser que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan intolerable que la ley, en cuanto 'derecho injusto' (*unrichtiges Recht*), deba ceder ante la justicia."

Radbruch no se detiene ahí. Consciente de la dificultad de definir qué es "intolerable", establece un segundo umbral, aún más claro y contundente:

"Donde ni siquiera se pretende la justicia, donde la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, es negada conscientemente en la regulación del derecho positivo, allí la ley no es sólo 'derecho injusto', sino que carece por completo de la naturaleza del derecho (*Rechtsnatur*)."

Esta fórmula introduce dos conceptos revolucionarios para la época. Primero, la idea de una **injusticia extrema o intolerable**. No cualquier injusticia invalida una ley, solo aquella que ofende de manera flagrante el sentido más básico de lo correcto. Segundo, y más importante, la idea de que una norma que **niega deliberadamente la igualdad** fundamental entre los seres humanos no es simplemente una mala ley, sino que pierde su carácter de "derecho". Deja de ser derecho y se convierte en mero acto de fuerza.

Reintroducción de la Justicia y el "Derecho Supralegal"

Con esta fórmula, Radbruch reabre la puerta que Kelsen había cerrado con tanto celo: la conexión entre validez jurídica y un contenido mínimo de justicia. No se trata de un catálogo de principios morales abstractos, sino de un criterio negativo: el derecho no puede ser radicalmente injusto. La validez de una norma ya no depende únicamente de su origen formal (quién la dictó y cómo), sino también de que no traspase ese umbral material de intolerabilidad. Este "derecho supralegal" no es un derecho divino o natural preexistente, sino un límite inmanente a la propia idea de derecho, derivado de la razón práctica y la conciencia moral compartida.

Implicaciones para el Acoso Laboral en la Función Pública

El pensamiento de Radbruch es el primer pilar fundamental para trascender la insuficiencia del positivismo formalista en el análisis del acoso laboral. Sus implicaciones son directas y transformadoras:

  1. El Límite Material al Poder Discrecional: La potestad de organización de la administración y el *ius variandi* del Estado-empleador (la facultad de cambiar las condiciones de trabajo) dejan de ser absolutos. Si bien la administración puede tomar decisiones que resulten inconvenientes o incluso injustas en cierta medida (por ejemplo, un traslado a una oficina menos cómoda), no puede ejercer ese poder de una manera que constituya una "injusticia intolerable".
  2. El Acoso como "No-Derecho": Un conjunto sistemático de actos de hostigamiento, aunque cada uno de ellos pueda tener una apariencia de legalidad individual (una orden, un memorando, una reasignación), puede ser analizado en su conjunto. Si este patrón de conducta niega conscientemente la igualdad del funcionario (tratándolo de manera arbitraria y discriminatoria) y atenta contra su dignidad de forma intolerable, el conjunto de esos actos pierde su naturaleza jurídica. El juez estaría facultado para considerarlos no como ejercicio de un derecho, sino como un acto de pura arbitrariedad.
  3. La Legitimación de la Resistencia Jurídica: La fórmula legitima que un juez, al analizar un caso de acoso laboral, vaya más allá de la legalidad formal de los actos denunciados. Le permite "inaplicar" o declarar antijurídica una orden o una práctica que, bajo el velo de la legalidad, es en realidad un instrumento de opresión. El sufrimiento, la humillación y la degradación del funcionario se convierten en categorías jurídicamente relevantes.

Por ejemplo, la jurisprudencia argentina citada en los materiales de referencia, donde se condena a la administración por dar por finalizadas las funciones de un empleado sin asignarle otras, destinándolo a depender de personal de menor jerarquía, es un claro ejemplo de la aplicación práctica de este principio. Aunque la administración tiene la potestad de reestructurar, el ejercicio de esa potestad fue tan arbitrario y humillante que se consideró un abuso que excedía los límites del derecho, causando un agravio moral y una depresión que el orden jurídico no podía tolerar.

Puntos Clave de la Sección
  • La experiencia del nazismo llevó a Radbruch a postular que el positivismo extremo es insuficiente y peligroso.
  • La ";Fórmula de Radbruch" establece que una ley extremadamente injusta no es derecho. La justicia se convierte en un criterio de validez.
  • El umbral de la injusticia intolerable se cruza cuando se niega conscientemente la igualdad, núcleo de la justicia.
  • Aplicado al acoso laboral, permite argumentar que un ejercicio formalmente legal del poder administrativo puede ser materialmente antijurídico si es arbitrario y atenta gravemente contra la dignidad del funcionario.

En definitiva, Gustav Radbruch construye el primer puente entre el mundo formal del derecho y el mundo material de la justicia. Su fórmula es una herramienta conceptual de enorme poder que permite romper el caparazón de la legalidad aparente para desvelar la arbitrariedad y la injusticia que se esconden detrás de muchos casos de acoso laboral en la función pública. Sin embargo, el argumento necesita un pilar más: el que conecta la justicia individual con la estructura misma del Estado democrático.

Parte III: El Positivismo Democrático y los Derechos – El Aporte de Norberto Bobbio

Las Reglas del Juego Democrático: Bobbio y el Fundamento de los Derechos Fundamentales

Si Radbruch representa la ruptura moral con el positivismo formalista, el filósofo italiano Norberto Bobbio encarna su refinamiento y superación desde una perspectiva democrática. Bobbio, un pensador profundamente influenciado por Kelsen, no abandona el positivismo, sino que lo reconstruye. Distingue lúcidamente entre el positivismo como método para estudiar el derecho, como una teoría específica del derecho estatal, y como una ideología que exige obediencia incondicional a la ley. Acepta el primero, critica el segundo y rechaza de plano el tercero. Su mayor contribución, sin embargo, es establecer un vínculo indisoluble entre el procedimiento democrático y la sustancia de los derechos humanos.

Democracia como Procedimiento: Las "Reglas del Juego"

Al igual que Kelsen, Bobbio desconfía de las definiciones sustanciales y absolutistas de la democracia. En su lugar, propone una definición eminentemente procedimental. La democracia no es el "gobierno del pueblo" en un sentido místico, sino un "conjunto de reglas (las llamadas reglas del juego) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos". Estas reglas incluyen, entre otras, el sufragio universal, el principio de mayoría, la garantía de alternativas políticas y la protección de las minorías para que puedan convertirse en mayoría.

Esta visión, en apariencia formal, podría parecer un retorno a Kelsen. Sin embargo, Bobbio da un paso más allá, un paso que resulta crucial para nuestra argumentación. Se pregunta: ¿pueden estas "reglas del juego" funcionar en el vacío? ¿Es la democracia meramente una técnica neutral para la toma de decisiones, sin importar el contenido de estas?

El Vínculo Indisoluble: Democracia, Paz y Derechos Humanos

La respuesta de Bobbio es un rotundo no. Y es aquí donde su pensamiento ilumina de forma decisiva el problema del acoso laboral. Bobbio argumenta que las reglas del juego democrático presuponen, como condición necesaria para su propia existencia y funcionamiento, el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Su célebre tríada conceptual lo resume de manera magistral:

"Los derechos humanos, la democracia y la paz son tres momentos necesarios del mismo movimiento histórico: sin derechos humanos reconocidos y efectivamente protegidos, no hay democracia; sin democracia, no hay condiciones mínimas para la resolución pacífica de los conflictos." - Norberto Bobbio, El Tiempo de los Derechos.

Para Bobbio, los derechos de libertad (de opinión, de expresión, de prensa, de reunión, de asociación) no son una consecuencia de la democracia, sino su **presupuesto**. ¿Cómo podría haber una competencia política real, una deliberación pública o la posibilidad de que una minoría se convierta en mayoría si los ciudadanos no gozan de la libertad para pensar, hablar, criticar y organizarse? La democracia, por tanto, no es solo un método; es un método que se fundamenta en valores. Los derechos humanos son el cimiento sobre el que se construyen las reglas del juego.

Bobbio afirma que "la democracia es la sociedad de los ciudadanos, y los sujetos se convierten en ciudadanos cuando se les conceden derechos fundamentales". Esta idea transforma radicalmente la visión del Estado y de la función pública.

Visualización de la evolución de los paradigmas jurídicos del siglo XX.

Implicaciones para el Acoso Laboral en la Función Pública

El aporte de Bobbio eleva el debate sobre el acoso laboral a un nuevo nivel. Ya no se trata únicamente de un acto de "injusticia intolerable" contra un individuo (Radbruch), sino de una práctica que socava las bases mismas del Estado democrático.

  1. El Acoso como Práctica Antidemocrática: Un entorno laboral en la administración pública donde impera el miedo, la intimidación, el silenciamiento y el menoscabo de la dignidad es, en su esencia, una negación de los principios democráticos. Un funcionario acosado no es un ciudadano pleno en su lugar de trabajo. Se le niega la libertad de opinión (por temor a represalias), se coarta su desarrollo profesional y se le reduce a un mero objeto del poder arbitrario. Este ambiente es la antítesis de la deliberación, la participación y el respeto que deben caracterizar a una institución democrática.
  2. El Deber Positivo del Estado Democrático: El pensamiento de Bobbio implica que el Estado no tiene solo una obligación negativa (abstenerse de cometer injusticias, como diría Radbruch), sino una **obligación positiva** de crear y mantener las condiciones para el ejercicio real de los derechos fundamentales. Esto incluye el ámbito interno de la administración. Un Estado democrático no puede serlo solo de puertas para afuera; debe serlo también en sus relaciones con sus propios servidores. Por tanto, la implementación de protocolos, comités de convivencia y mecanismos efectivos de sanción contra el acoso no es una opción de buena gestión, sino una exigencia derivada de la propia naturaleza democrática del Estado.
  3. El Funcionario como Sujeto de Derechos, no como Súbdito: La visión de Bobbio refuerza la idea de que el funcionario público no es un simple súbdito sometido a la jerarquía, sino un ciudadano y un trabajador titular de derechos fundamentales. La relación de subordinación no anula su dignidad ni sus libertades. El Estado-empleador, como encarnación del poder democrático, tiene un deber reforzado de respetar esos derechos.
Puntos Clave de la Sección
  • Bobbio refina el positivismo, distinguiendo su método de su ideología, y lo fundamenta en la democracia.
  • Define la democracia como un conjunto de "reglas de juego" procedimentales.
  • Su aporte crucial es vincular estas reglas a los derechos humanos, que son el presupuesto indispensable para que la democracia funcione.
  • El acoso laboral en la función pública se revela no solo como una injusticia, sino como una práctica antidemocrática que socava la legitimidad del Estado.
  • El Estado democrático tiene una obligación positiva de garantizar un ambiente laboral libre de acoso.

Con Norberto Bobbio, el marco filosófico se completa. Kelsen nos dio la estructura del poder, Radbruch nos dio el límite de la justicia, y Bobbio nos da el fundamento democrático y el fin último de ese poder: la protección de los derechos humanos. Estamos ahora en la antesala del paradigma jurídico contemporáneo, el post-positivismo, que sintetiza estas evoluciones y ofrece el marco más robusto para la tutela del funcionario público frente al acoso laboral.

Parte IV: La Síntesis Post-Positivista: Fundamentación Filosófica de la Tutela contra el Acoso Laboral

Del Estado Legal al Estado Constitucional de Derecho: El Acoso Laboral como Violación de Principios Fundamentales

La evolución del pensamiento jurídico que hemos trazado —desde la estructura formal de Kelsen, pasando por el correctivo moral de Radbruch y el fundamento democrático de Bobbio— converge en el paradigma dominante en las democracias contemporáneas: el post-positivismo o neoconstitucionalismo. Este modelo no es una simple negación del positivismo, sino su superación. Representa la transición del "Estado legal de Derecho" al "Estado constitucional de Derecho". Esta transformación es la clave de bóveda para una fundamentación filosófica integral de la protección contra el acoso laboral en la función pública.

Definición del Paradigma Post-Positivista

El Estado legal de Derecho, heredero del positivismo clásico, se caracterizaba por el "imperio de la ley", entendida como la norma general y abstracta emanada del parlamento. El juez era "la boca que pronuncia las palabras de la ley", un aplicador mecánico de reglas. En cambio, el Estado constitucional de Derecho, que emerge con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, presenta características distintivas:

  • La Constitución como Norma Jurídica Suprema y Material: La Constitución deja de ser un mero documento político o un simple organizador de poderes. Se convierte en la norma jurídica suprema que vincula a todos, incluidos el legislador y la administración. Y lo más importante: no solo contiene reglas de organización, sino también una densa carga axiológica: un catálogo de derechos fundamentales y principios (dignidad humana, igualdad, libertad, justicia) que irradian y condicionan la validez de todo el ordenamiento jurídico.
  • La Distinción entre Reglas y Principios: El derecho ya no se concibe solo como un conjunto de reglas (que se aplican bajo el esquema "todo o nada"), sino como una amalgama de reglas y principios. Los principios son mandatos de optimización, normas más abiertas y abstractas que exigen ser ponderadas en casos concretos. La dignidad humana no es una regla, es un principio que debe ser maximizado en todas las relaciones jurídicas.
  • El Nuevo Rol del Juez: En este paradigma, el juez ya no es un autómata. Su función se vuelve más compleja y crucial. Debe interpretar las leyes de conformidad con la Constitución y, en casos de conflicto, ponderar los principios en juego para encontrar la solución que mejor proteja los derechos fundamentales.

Integración de la Evolución Filosóf ica

El post-positivismo es la síntesis dialéctica del camino recorrido:

  • De **Kelsen**, conserva la idea de un ordenamiento jurídico jerarquizado y la importancia de la validez formal, pero la subordina a la supremacía material de la Constitución.
  • De **Radbruch**, toma la idea de que existen límites materiales infranqueables al poder. El post-positivismo positiviza la "fórmula de Radbruch" al consagrar principios como la dignidad humana, que actúan como ese "derecho supralegal" ahora inscrito en la norma suprema.
  • De **Bobbio**, hereda y profundiza la convicción de que los derechos fundamentales son el fundamento y el fin del Estado democrático. El Estado constitucional es la encarnación jurídica del ideal democrático de Bobbio.

Aplicación Directa al Acoso Laboral en la Función Pública

Este marco post-positivista ofrece una fundamentación extraordinariamente sólida para la tesis sobre el acoso laboral. Permite abordar el fenómeno desde múltiples ángulos, superando todas las limitaciones del positivismo formal.

1. La Dignidad Humana como Principio Rector y Límite Absoluto: El acoso laboral es, antes que nada, un atentado directo y continuado contra el principio de dignidad humana. En el Estado constitucional, la dignidad no es una mera declaración filosófica, sino el pilar sobre el que se asienta todo el edificio jurídico. Normas como la Ley 1010 de 2006 en Colombia, que define el acoso como "todo ultraje a la dignidad humana", no son simplemente leyes ordinarias; son la concretización o positivización de un principio constitucional. Por lo tanto, cualquier acto administrativo o conducta de un superior que, aun siendo formalmente legal, menoscabe la dignidad del funcionario, es intrínsecamente antijurídico por violar un principio de rango constitucional.

2. El Abuso del Poder Discrecional (*Ius Variandi*) como Violación de Principios: Las potestades de la administración (trasladar, cambiar funciones, evaluar, sancionar) no son absolutas ni pueden ejercerse en un vacío axiológico. El post-positivismo exige que todo ejercicio de poder discrecional sea razonable, proporcionado y, sobre todo, respetuoso de los derechos fundamentales. Un ejercicio arbitrario, caprichoso o discriminatorio de estas potestades, aunque se disfrace de "necesidades del servicio", constituye una desviación de poder y una conducta antijurídica. El análisis ya no es si el superior *podía* emitir la orden, sino si *debía* emitirla de esa manera, ponderando las necesidades del servicio con el derecho del funcionario a un trato digno y a la protección de su salud física y mental.

3. El Rol del Juez Post-Positivista como Garante de la Dignidad: El juez que se enfrenta a un caso de acoso laboral no puede limitarse a una verificación formal de los actos. Su deber es realizar un control de constitucionalidad de la conducta administrativa. Debe preguntarse: ¿Esta serie de actos, vistos en su conjunto, vulnera el principio de dignidad humana? ¿Viola el derecho a la igualdad al dar un trato discriminatorio? ¿Afecta el derecho a la salud mental y a un trabajo en condiciones justas y dignas? El juez post-positivista está facultado para ponderar la potestad de organización de la administración frente a estos derechos fundamentales y, en caso de conflicto, dar primacía a la dignidad de la persona. Su sentencia no solo repara un daño individual, sino que reafirma los valores fundantes del Estado constitucional.

4. El Estado como Garante Activo, no solo como Poder Jerárquico: Finalmente, el paradigma post-positivista impone al Estado-empleador un deber reforzado. No basta con que sus superiores se abstengan de acosar. El Estado tiene la obligación positiva, derivada de su deber constitucional de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, de implementar activamente políticas y mecanismos para **prevenir, corregir y sancionar** el acoso. La creación de protocolos de actuación, comités de convivencia laboral y procedimientos internos confidenciales y efectivos (como lo exige la Ley 1010/2006) no es una concesión, sino el cumplimiento de una obligación constitucional. La omisión de estas medidas, como lo señala la misma ley, se entiende como tolerancia al acoso y genera responsabilidad para el Estado.

Puntos Clave de la Sección
  • El post-positivismo marca el paso del Estado legal al Estado constitucional, donde la Constitución es una norma material cargada de principios y derechos.
  • El derecho se entiende como una mezcla de reglas y principios, exigiendo una interpretación y ponderación por parte de los jueces.
  • El acoso laboral es un ataque directo al principio constitucional de dignidad humana, lo que lo convierte en una conducta intrínsecamente antijurídica.
  • El poder discrecional de la administración está limitado por los derechos fundamentales, y su ejercicio arbitrario es una desviación de poder.
  • El juez post-positivista tiene el deber de proteger la dignidad del funcionario, ponderando principios y yendo más allá de la legalidad formal.
  • El Estado tiene una obligación constitucional positiva de prevenir, corregir y sancionar activamente el acoso laboral.

Conclusión: Hacia una Tutela Jurídica Integral y Filosóficamente Sólida

Hemos recorrido un largo camino intelectual, desde la austera y formal pirámide de Kelsen hasta el vibrante y axiológico edificio del Estado constitucional de Derecho. Este viaje demuestra que la filosofía jurídica no es un ejercicio etéreo, sino una herramienta poderosa para comprender y transformar la realidad. La lucha contra el acoso laboral en la función pública encuentra en esta evolución su más sólido fundamento.

El positivismo de **Kelsen**, en su búsqueda de pureza científica, nos legó una comprensión inigualable de la estructura jerárquica del poder estatal, pero nos dejó huérfanos de criterios para juzgar la justicia de sus actos. Fue la trágica historia del siglo XX la que forzó la ruptura, encarnada en **Radbruch**, quien nos enseñó que hay un umbral de injusticia intolerable que ninguna ley puede cruzar sin dejar de ser derecho. Su fórmula reintrodujo la moralidad como un límite necesario al poder. Posteriormente, **Bobbio**, con su positivismo democrático, dio un paso más allá, demostrando que los derechos humanos no son un adorno, sino el presupuesto esencial de cualquier democracia genuina, vinculando la legitimidad del procedimiento a la sustancia de la libertad y la igualdad.

La síntesis de estas tensiones y avances es el **paradigma post-positivista**, que consagra una Constitución material, rica en principios y derechos, como la norma suprema que irradia todo el ordenamiento. Este es el marco que permite afirmar, con toda solvencia iusfilosófica, que la protección contra el acoso laboral en la función pública no es una concesión graciosa del Estado, ni una simple materia de legislación laboral. Es una exigencia fundamental e ineludible de un Estado Constitucional de Derecho.

La tesis se sostiene: el fundamento último de la tutela contra el *mobbing* no reside únicamente en la letra de una ley específica, sino en los principios de dignidad humana, justicia, igualdad y democracia que legitiman el propio poder estatal y que hoy se encuentran positivizados en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico.

Este marco filosófico no solo justifica la existencia de leyes contra el acoso, sino que orienta su interpretación de la manera más amplia y protectora posible. Faculta a los jueces para ir más allá de la formalidad y sancionar la arbitrariedad. Exige a la administración pública no solo abstenerse de dañar, sino actuar positivamente para crear un ambiente de trabajo digno. En definitiva, transforma al funcionario de un simple engranaje en la maquinaria estatal a un ciudadano titular de derechos fundamentales, cuya dignidad el Estado tiene el deber primordial de proteger. La lucha contra el acoso laboral es, en última instancia, la lucha por la humanización del poder.

domingo, 12 de octubre de 2025

Potestades disciplinarias de la Corte Suprema de Justicia respecto de abogados litigantes no dependientes del Poder Judicial

 I. Objeto: Puede  la Corte Suprema de Justicia (en adelante, la “Corte”) ejercer potestades disciplinarias generales sobre abogados litigantes particulares (no funcionarios ni contratados del Poder Judicial) y, en particular, si una acordada —v.gr., la Acordada N.° 709— puede servir de base suficiente para casar/anular la matrícula profesional?

II. Marco normativo aplicable (síntesis con remisiones)

  1. Superintendencia y disciplina intra-Poder Judicial. La Corte ejerce superintendencia y potestad disciplinaria sobre tribunales, juzgados y oficinas del Poder Judicial, pudiendo dictar reglamentos internos y aplicar medidas disciplinarias dentro de ese ámbito orgánico (art. 232 COJ).
  2. Medidas disciplinarias sobre magistrados y personal judicial. El COJ explicita sanciones para miembros de tribunales, jueces, defensores y empleados subalternos (arts. 233-235 COJ).
  3. Disciplina procesal respecto de litigantes y sus abogados en el expediente.
    • CPC: los jueces “deberán sancionar” en resolución fundada las faltas cometidas en juicio por litigantes, sus abogados o procuradores (apercibimiento, multa, arresto domiciliario o en sede, y testar expresiones ofensivas). Es apelable (art. 17 CPC).
    • COJ: tribunales y juzgados pueden sancionar con apercibimiento, multas o arrestos las faltas contra su autoridad o decoro en audiencias, escritos o diligenciamientos (art. 236 COJ).  
  4. Régimen profesional de abogados: matrícula y cancelación.
    • Requisitos y naturaleza: obligación de estar inscripto y juramentado; la inscripción es permanente y solo puede casarse o anularse en los casos y forma previstos en el COJ (arts. 91-93 COJ).  
    • Causales de casación/anulación: mala conducta, faltas graves en el ejercicio profesional, incapacidad inhabilitante, condena que importe inhabilitación o incompatibilidades (art. 94 COJ).
    • Procedimiento: el COJ remitía al procedimiento de enjuiciamiento de magistrados; esa remisión consta en el texto y su régimen procedimental fue luego modulado por la Ley 609/1995 (nota de derogación del art. 24), sin alterar que la fuente habilitante de la cancelación es la ley y no una acordada (art. 94, párr. final y nota).  

III. Distinción clave: “disciplina procesal” vs. “poder disciplinario general”

  • Disciplina procesal (intra-proceso). Se ejerce por jueces y tribunales dentro del expediente y se proyecta sobre el comportamiento procesal de litigantes, abogados y procuradores. Base legal: art. 17 CPC y art. 236 COJ. No habilita a cancelar matrículas; limita su alcance al orden del proceso (apercibimientos, multas, arrestos, testado de frases, exclusión de audiencia).
  • Poder disciplinario institucional (superintendencia). La Corte lo ejerce sobre órganos y personal del Poder Judicial (no sobre particulares en general). Sus reglamentos internos (acordadas) ordenan la administración de justicia, pero no pueden crear nuevas causales materiales de sanción profesional fuera de las previstas por la ley. Base legal: art. 232 COJ.

IV. ¿Puede una Acordada (p. ej., N.° 709) sustentar la casación de matrícula?

Las acordadas son reglamentos de superintendencia para asegurar orden, disciplina y buen desempeño dentro del Poder Judicial; su fuerza normativa es infralegal. El fundamento habilitante de la casación/anulación de matrícula es el art. 94 COJ, que establece causales taxativas y remite a un procedimiento legal (hoy articulado conforme a la Ley 609/1995). Una acordada puede procedimentalizar aspectos instrumentales compatibles, pero no:

  • ampliar causalidad (“tipos” disciplinarios) más allá del art. 94 COJ, ni
  • sustituir las garantías del procedimiento legal aplicable.

V. Aplicación al caso (casación de matrícula de dos colegas)

  1. Exigencia de base legal y debida motivación. Toda casación debe encuadrar en una o más causales del art. 94 COJ y respetar el procedimiento con audiencia, defensa y prueba. La motivación debe describir hechos y tipicidad (p. ej., “falta grave en el ejercicio profesional”) con estándar de prueba suficiente.
  2. Inidoneidad de acordadas como única fuente. Invocar la Acordada N.° 709 (o sus modificaciones) sin subsumir la conducta en el art. 94 COJ configura desviación de poder y vulnera el principio de reserva legal en materia sancionatoria profesional.
  3. Límites de la “disciplina procesal”. Sanciones del art. 17 CPC / art. 236 COJ (apercibimiento, multa, arresto, testado) no son título idóneo para extinguir la aptitud para el ejercicio profesional (matrícula). Son medidas ordenatorias del proceso, no sanciones habilitantes para la inhabilitación profesional.
  4. Sobre la tesis de “mandato constitucional” disciplinario general de la Corte. El COJ confiere superintendencia sobre órganos del Poder Judicial y prevé el régimen legal de matrícula y sus causales. No existe en el COJ ni en el CPC un mandato constitucional que permita, por simple reglamentación interna, crear potestades disciplinarias generales sobre abogados privados fuera del proceso o fuera de las causales del art. 94 COJ.

VI. Conclusiones (en román paladino)

  • Sí: la Corte y los tribunales pueden sancionar conductas procesales de los abogados dentro de los expedientes (apercibimiento, multa, arresto, testado;  ver: art. 17 CPC y art. 236 COJ. No sirve eso, por sí, para cancelar matrícula.
  • Sí: la Corte puede casar/anular matrícula únicamente por las causales legales del art. 94 COJ, siguiendo el procedimiento legal vigente (establecido por Ley 609/1995).
  • Las Acordadas no crean causales ni suplen ley.
  • No: la Acordada N.° 709 no es ley ni habilita por sí sola la inhabilitación profesional fuera de las causales y garantías del COJ/CPC. Su lugar es reglamentario intra-Poder Judicial (superintendencia).

VII. Recomendaciones procesales (pragmáticas)

  1. Control de legalidad y motivación. Exigir la subsunción expresa en una causal del art. 94 COJ y el respeto del procedimiento correspondiente (audiencia, prueba, defensa).
  2. Vías impugnativas.
    • Recurso contra la resolución que deniegue o afecte la matrícula (el COJ reconoce reposición ante denegatoria de inscripción y, por analogía y garantías, debe abrirse revisión amplia en los supuestos de casación).
    • Acción de inconstitucionalidad si la acordada se usa para suplantar o ampliar la ley.
  3. En el curso del proceso: ante sanciones del art. 17 CPC / 236 COJ, interponer apelación (art. 17 CPC prevé apelabilidad).

         En síntesis: La Corte no posee una potestad disciplinaria “general” sobre abogados particulares que le permita, vía acordada, cancelar matrículas. Su competencia disciplinaria intra-proceso (CPC 17; COJ 236) se mantiene, y la casación/anulación de matrícula solo procede por causales legales taxativas (COJ 94) y por el procedimiento legal vigente. Cualquier resolución que prescinda de ese marco viola la reserva de ley, el principio de legalidad sancionatoria y el debido proceso.

 

sábado, 11 de octubre de 2025

Bobbio – Positivismo analítico y aplicaciones prácticas


Objetivo didáctico: hoja de ruta para explicar y aplicar el enfoque de Norberto Bobbio en técnica jurídica y litigación.

1) Ubicación teórica

- Corriente: Positivismo jurídico analítico (normativista; diálogo crítico con Kelsen y Hart).

- Clave: método descriptivo del Derecho-que-es + conciencia democrática para evaluar el Derecho-que-debe-ser.

- Fórmula mnemotécnica: Bobbio = método positivista + conciencia democrática.

2) Distinciones nucleares (lexicón operativo)

- Validez (estatus dentro del sistema) ≠ Eficacia (cumplimiento social) ≠ Justicia (juicio moral/político).

- Norma (enunciado prescriptivo) vs. Disposición (texto legal) vs. Regla/Principio (función normativa).

- Derecho (orden normativo) vs. Ciencia del Derecho (discurso descriptivo) vs. Política del Derecho (discurso valorativo).

3) Doble nivel de análisis (itinerario de trabajo)

A. Interno (dogmático-analítico):

• Identificar fuentes y competencias.

• Determinar validez formal y ubicación en el sistema.

• Integración y sistematicidad: unidad, coherencia, completitud.

B. Externo (político-jurídico):

• Evaluar calidad democrática de las normas y del sistema.

• Control de constitucionalidad y convencionalidad.

• Garantismo y derechos fundamentales como estándar de corrección.

Regla de oro docente/forense: describa primero (A), evalúe después (B).

4) Ordenamiento como sistema (arquitectura mínima)

- Unidad: vínculo de validez que confiere autoridad (Constitución y bloque de constitucionalidad).

- Coherencia: ausencia de contradicciones normativas.

- Completitud: técnicas de integración (analogia legis/juris, principios, doctrina, jurisprudencia).

Criterios de competencia: material, territorial, temporal, orgánica.

5) Antinomias: check-list de resolución

1. Jerarquía (Constitución > leyes > reglamentos).

2. Especialidad (lex specialis derogat legi generali).

3. Cronología (lex posterior derogat legi priori).

4. Competencia (norma válida del órgano competente prevalece).

Si persiste el conflicto: interpretación conforme y bloque de constitucionalidad.

6) Validez y eficacia (matriz de decisión rápida)

- Válida y eficaz: situación ordinaria (aplicación sin fricciones).

- Válida pero ineficaz: activar mecanismos de cumplimiento (ejecución, sanción, políticas públicas).

- Inválida pero eficaz fácticamente: procede control (inconstitucionalidad, nulidad, amparo, control difuso/convencionalidad).

7) En qué se separa del positivismo ideológico

- No a la obediencia ciega: la ciencia describe, el ciudadano-jurista juzga.

- Apertura al garantismo y a los derechos humanos como métrica externa.

8) Aplicaciones prácticas (técnica jurídica y proceso)

Interpretación y sistematización:

• Paso 1: ubicar fuente y rango; Paso 2: verificar competencia; Paso 3: comprobar validez; Paso 4: mapear colisiones y aplicar criterios; Paso 5: integrar lagunas.

Litigación y control:

• Usar el nivel interno para construir la legalidad del caso (estructura, jerarquía, antinomias).

• Pasar al nivel externo para control constitucional/convencional (pro persona, proporcionalidad, motivación reforzada).

Docencia y redacción forense:

• Redactar con precisión analítica (definiciones, distinciones, pruebas de coherencia).

• Incorporar cuadros de validez/eficacia y rutas de antinomias en anexos didácticos.

9) Esquema visual (uso libre en clase)


             [ Bloque de Constitucionalidad ]
                       ↑  (Jerarquía)
[Disposición] → [Interpretación] → [Norma] → [Ordenamiento]
                                 ↙            ↘
                           Coherencia       Completitud
                                 ↘            ↙
                                 [Solución de Antinomias]
                                      (JER / ESP / CRON / COMP)

Nivel A (interno) ──► Describir y reconstruir el sistema
Nivel B (externo) ──► Evaluar con DD.HH. y democracia

10) Bibliografía mínima para orientar (no exhaustiva)

- Bobbio, Teoría del ordenamiento jurídico.

- Bobbio, El positivismo jurídico.

- Bobbio, Teoría general del Derecho.

- Kelsen, Teoría pura del Derecho (diálogo crítico).

- Hart, El concepto de Derecho (contrapunto analítico).

Hamas - 11/10/25



 

jueves, 9 de octubre de 2025

El Abogado generalista frente al hiperespecialista

 En el contexto actual: la complejidad social y la transversalidad de los conflictos exigen profesionales capaces de moverse con solvencia entre varias ramas, con visión panorámica y no de “túnel”.

Se analiza  desde dos ejes, técnica jurídica y procesal civil y penal, que son, diría yo, las dos “bisagras” de cualquier ejercicio sólido de la abogacía.

1. Conocimientos nucleares en Técnica Jurídica

Aquí no se trata de acumular artículos de códigos, sino de dominar el oficio del jurista:

  • Lenguaje jurídico claro y preciso: saber redactar escritos, contratos y sentencias comprensibles, evitando barroquismos y ambigüedades.

  • Argumentación jurídica: lógica, hermenéutica y retórica. El abogado que no persuade, no litiga.

  • Metodología de interpretación normativa: literal, sistemática, teleológica, constitucional y conforme a estándares internacionales.

  • Gestión documental y probatoria: capacidad de organizar hechos, documentos, jurisprudencia y doctrina en esquemas útiles.

  • Uso estratégico del precedente judicial: saber cuándo citarlo, cómo distinguirlo y cómo construir analogías.

  • Ética profesional y responsabilidad social: pilar irrenunciable para no caer en el mero “mercenarismo forense”.

2. Competencias clave en Derecho Procesal Civil

Aunque las ramas cambien, el abogado generalista necesita dominar la “gramática del litigio civil”:

  • Nociones de acciones y excepciones: identificar correctamente la pretensión procesal y sus defensas.

  • Estructura del proceso ordinario y sumario: demanda, contestación, prueba, audiencia, sentencia, recursos.

  • Medidas cautelares e incidentes: herramientas defensivas y ofensivas que pueden definir un litigio.

  • Nulidades procesales: detectar vicios y saber cuándo pedir la reposición o nulidad.

  • Medios impugnativos: apelación, reposición, queja, casación. El futuro abogado debe ser un “estratega de recursos”.

3. Competencias clave en Derecho Procesal Penal

Aquí la clave es entender que el proceso penal es un campo de garantías:

  • Principio acusatorio y derechos fundamentales: derecho a la defensa, presunción de inocencia, ne bis in ídem, etc.

  • Etapas del proceso penal: investigación preliminar, acusación, juicio oral y recursos.

  • Medidas cautelares personales: prisión preventiva, cauciones, medidas sustitutivas.

  • Técnicas de litigación oral: interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, manejo de la prueba testimonial y pericial.

  • Control constitucional y convencional: saber plantear amparos, hábeas corpus y control de convencionalidad.

  • Justicia restaurativa y mecanismos alternativos: mediación penal, acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad.

4. Competencias transversales para el “generalista”

  • Cultura jurídica amplia: nociones sólidas de civil, penal, laboral, constitucional y administrativo.

  • Visión interdisciplinaria: economía, psicología, sociología y tecnología jurídica (IA, expediente electrónico, blockchain registral).

  • Capacidad estratégica: no litigar por litigar; diseñar salidas procesales y extraprocesales. Tomar en cuenta que el alto indice de corrupcion en el Poder Judicial (de jueces, auxiliares de la justicia, funcionarios del MP y la Policia),  debe ser determinante para evitarlos cuando el caso permita.

  • Flexibilidad: el generalista no es un “todólogo superficial”, sino un abogado con cintura para pasar del amparo constitucional a la sucesión, del contrato civil a la defensa penal básica.

Conclusión

El abogado del futuro será aquel que combine:

  1. Técnica jurídica refinada (la pluma y la lógica),

  2. Procesal civil y penal sólido (la cancha del litigio),

  3. Formación generalista transversal (visión amplia de todo el derecho y su inserción en la sociedad).

En pocas palabras: menos “especialista en nicho”, más “arquitecto integral de soluciones jurídicas”.

domingo, 21 de septiembre de 2025

¡Entra el año! ... Helio Riberiro (1975)

 ¡Entra el año!

Suenan los silbatos, las sirenas, las bocinas, brillan las luces, estallan las champañas, las manos se estrechan, la gente canta…
El abrazo del perdón, el abrazo del amor, la presencia telegráfica de los ausentes…
Y los abrazos rompen las barreras del ayer y se entrelazan con el mañana.

Las frases, en todo el mundo, varían.
Varían poco: casi todas significan el mismo deseo, el anhelo que unos tienen para el nuevo año de los otros: ¡que sea feliz!
Y todos hablan de esperanzas, transfiriendo la responsabilidad de los males a gente lejana… que, a su vez, está haciendo lo mismo.

En esa transición, cuando el año 74 se convertía en 75, Fantië, abrazado a sus amigos, decía en silencio:
—¿Qué culpa tengo yo de esto? La culpa es de ellos…
Y sus amigos sintieron que él expresaba lo mismo que otros en diferentes rincones del mundo: uno responde por el Norte de Vietnam y el otro manda en el Sur.
Y en ese conflicto… ¡murió tanta gente!

Solitario, un joven con mochila a la espalda, en la ruta de los Andes, vio Bolivia.
El millonario blanco gastó centenas en los corredores negros de Harlem.

En todas las televisiones, la retrospectiva mostraba lo que había sido… pero ninguna sabía explicar por qué había sido.
Fue… y no fue.
Los grandes presentes del mundo fueron excusas, whisky y promesas.

¡Qué tristes fueron los abrazos de Nixon!
Las personas a quienes él debía abrazar con promesas, terminaron siendo abrazadas por Ford.
Y Kissinger, el alemán, judío-americano mediador, se abrazó a nuevas esperanzas.

En Rusia, sin Papá Noel, el calendario marcaba la misma fecha.
¿Y quién sabe qué ocurrió allá? Mostraban muy poco.
Antes abrazaban a Nixon, ahora abrazan a Ford.

La Tierra… es como una pequeña pelota de ping-pong.
El Papa extendió las manos y abrazó en el vacío las dudas.

Pero…
¡La niña vietnamita mamó!
La niña chilena llamó a su papá.
La niña alemana dijo “ya”.
La niña hindú pidió.
La niña árabe lloró.
La niña judía hizo caca.
La niña china quiso dormir.
La niña americana hizo pis.

Y todas las niñas y los niños del mundo hicieron las mismas cosas que hicieron los grandes hombres… cuando ellos mismos nacieron niños.
¡Eso los negociadores del mundo no pudieron cambiar!

La Tierra es redonda como una naranja.
La gravedad que mantiene el equilibrio… es el opuesto de la gravedad del desequilibrio.
El mayor es el menor.
El todo es la nada.
El límite es la luz.

En el espacio, los hombres del disco prosiguieron mirando y diciendo:
—No sabemos lo que hacemos.

¿Y hasta cuándo será esto?

El 75 es un año santo.
Quizás las inteligencias cósmicas nos dejen para entonces las verdaderas razones de Jesucristo.