domingo, 16 de agosto de 2026

No todo el que dice: Señor, Señor

 “No todo el que me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los cielos; sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21)

¿Qué significa “hacer la voluntad de Dios?
No es solo actividad religiosa; implica justicia interior, amor al prójimo y humildad. La voluntad del Padre se cumple cuando el corazón se somete y la vida lo demuestra, siendo la prueba de que somos verdaderos hijos 

sábado, 15 de agosto de 2026

UN FALLO RELEVANTE SOBRE LOS LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA FRENTE A LA CONSTITUCIÓN

El Acuerdo y Sentencia N.º 355, de fecha 12 de agosto de 2026, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presenta particular interés desde la perspectiva del Derecho Constitucional y de la teoría de los límites a la potestad legislativa de reglamentación, pues aborda el alcance de la incompatibilidad funcional establecida para los magistrados y, especialmente, el contenido constitucionalmente protegido de la docencia y la investigación científica.

El punto de partida normativo se encuentra en el artículo 254 de la Constitución Nacional, que establece como regla general la incompatibilidad de la magistratura con otros cargos o actividades, pero formula expresamente una excepción respecto de “la docencia o la investigación científica, a tiempo parcial”. La Ley N.º 6525/2020, al modificar el artículo 1.º de la Ley N.º 5534/2015, restringió esa excepción al considerar como ejercicio parcial únicamente aquel desarrollado “en horas cátedra y como educador o investigador en una institución educativa”.

La cuestión constitucional relevante consiste, por tanto, en determinar hasta dónde puede el legislador reglamentar una excepción reconocida directamente por la Constitución sin alterar sustancialmente su contenido. Desde esta perspectiva, el razonamiento atribuido a los tres ministros resulta convergente: una cosa es reglamentar el modo de ejercicio de un derecho o actividad constitucionalmente admitida, y otra diferente es establecer condiciones tan restrictivas que terminen reduciendo o desnaturalizando aquello que la propia Constitución autoriza.

Particularmente significativa resulta la comprensión material de la función docente. La enseñanza universitaria contemporánea no se agota en la presencia física del profesor durante las horas de clase. Comprende también preparación académica, investigación, elaboración y actualización de programas, producción bibliográfica, evaluación, tutoría y difusión del conocimiento. Del mismo modo, la investigación científica no puede identificarse exclusivamente con aquella realizada bajo dependencia formal de una institución educativa. La producción de libros, artículos científicos, investigaciones jurídicas y participación en congresos o actividades académicas constituye una manifestación natural de esa actividad intelectual.

Desde el punto de vista de la dogmática constitucional, el fallo adquiere especial relevancia porque introduce un examen basado en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Las incompatibilidades de los magistrados persiguen una finalidad constitucional legítima: preservar su independencia, imparcialidad y dedicación a la función jurisdiccional. Sin embargo, las restricciones destinadas a asegurar esos objetivos deben mantener una relación razonable entre el medio empleado y la finalidad perseguida. Una regulación que, bajo el argumento de reglamentar una incompatibilidad, torne prácticamente imposible una actividad expresamente exceptuada por la Constitución corre el riesgo de transformarse en una verdadera modificación legislativa del texto constitucional.

El pronunciamiento también permite advertir una dimensión institucional particularmente importante: la producción académica de los magistrados no constituye necesariamente una actividad incompatible con la función judicial; puede contribuir, por el contrario, al desarrollo de la ciencia jurídica, de la enseñanza universitaria y de la cultura constitucional del país. Naturalmente, dicha actividad debe ejercerse dentro de límites que no comprometan la independencia judicial, el deber de reserva, la imparcialidad ni el adecuado desempeño de la función jurisdiccional.

Finalmente, debe distinguirse cuidadosamente entre la trascendencia jurisprudencial del fallo y sus efectos jurídicos directos. La Sala Constitucional no deroga la ley. Conforme al artículo 260 de la Constitución Nacional, cuando declara la inconstitucionalidad de una disposición normativa dispone su inaplicabilidad al caso concreto, y el fallo produce efectos respecto de ese caso. Por ello, la disposición cuestionada permanece formalmente vigente para quienes no hayan obtenido una declaración semejante.

No obstante, la unanimidad de los tres ministros otorga al pronunciamiento una indudable relevancia doctrinal y jurisprudencial. Si este criterio se consolida en decisiones posteriores, podría configurar una línea interpretativa según la cual el legislador puede reglamentar las incompatibilidades constitucionales de los magistrados, pero no ampliar esas incompatibilidades hasta restringir aquello que el propio constituyente decidió expresamente permitir.

En síntesis, estamos ante un fallo relevante porque reafirma una regla elemental del Estado de Derecho: la ley reglamentaria puede desarrollar la Constitución, pero no reducir, sustituir ni desnaturalizar su contenido.