domingo, 24 de mayo de 2026
sábado, 16 de mayo de 2026
REFUTACION a un argumento decimonónico.
El documento “UN MAL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL” constituye una crítica típicamente formulada desde una visión conservadora del proceso civil, anclada en el paradigma escriturario decimonónico y en una concepción privatista del litigio. Sin embargo, gran parte de sus objeciones ya fueron refutadas por la evolución del derecho procesal contemporáneo, por la experiencia comparada latinoamericana y, particularmente, por la recepción y aplicación del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal bajo la dirección de Adolfo Gelsi Bidart, Enrique Véscovi y Héctor Fix-Zamudio.
UN MAL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL (A refutart !!)
UN MAL PROYECTO DE REFORMA PROCESAL
Pronunciamiento de la Comisión
Nacional de Codificación y de las Cátedras de Derecho Procesal Civil de la
Universidad Nacional y la Universidad Católica
"Cuando visito un país,
no me paro a examinar si hay buenas leyes, sino si se cumplen las que haya,
pues leyes buenas en todas partes las hay" (Montesquieu)
"Porque lo que cuenta, en
definitiva, no es lo que en la ley se diga, sino lo que con la ley se
haga" (E. Gómez Orbaneja)
Un grupo, en mayoría, de
Ministros de la Corte Suprema de Justicia propicia la sustitución (abrogación)
del actual Código Procesal Civil, entre otros.
Con esa finalidad, ha remitido al
Poder Legislativo un proyecto de "CÓDIGO PROCESAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY", con su respectiva exposición de motivos. La legislación que
contiene se aplicaría a todos los procesos, actuaciones y/o contenciosos,
inclusive la justicia de paz y electoral, salvo los relativos a materia penal,
protección de menores y de deudas contrarias a la ley penal imputables a
menores.
La denominación "Código
Procesal General" se ha copiado del código uruguayo.
La Comisión Nacional de
Codificación nunca fue consultada para la elaboración del Proyecto y tampoco lo
fueron las Cátedras de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Asunción
y de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", que son
las que suscriben este pronunciamiento conjunto, tras un examen exhaustivo del
Proyecto, por considerar que propone una reforma procesal para nuestro país.
En la exposición de motivos se le
atribuye la virtud de ser una "obra completamente paraguaya, basada en las
tradiciones y el lenguaje jurídico de nuestro país y firmemente apoyada en la
Constitución nacional", que nos permitimos negar.
Dentro del derecho procesal
existen dos tipos de procesos. Uno predominantemente escrito, otro
predominantemente oral.
Ambos sistemas tienen sus propias
bondades y sus propios defectos.
El sistema predominantemente oral
resulta, para el Estado, mucho más oneroso. Es un proceso caro. Requiere,
además, de jueces y abogados altamente calificados, expertos y prudentes, de
gran preparación y probidad. Con especial referencia a los jueces hay que decir
que deben ser de una honestidad a toda prueba ya que en ámbitos amparados que
la ley concede, en la inmediación de las audiencias, pueden ser la tumba de
muchos derechos y el descrédito del Poder Judicial.
El sistema de derecho procesal
civil es predominantemente escrito, lo que a criterio de los miembros de
mayoría, de la Corte Suprema, sería una de las mayores causas de la lentitud en
los procesos. Sin duda la redacción de escritos, cuando son claros y precisas
referencias a la ley vigente resultan útiles pero, la realidad que en verdad es
una de las mayores causas de aquella "lentitud" se debe a la excesiva
estimación que la solución se halla en un código que sea predominantemente oral
y, en consecuencia, proponen un sistema que denominan "proceso mixto por
audiencias". La audiencia sería única, pero en varias sesiones, lo cual
resulta un contrasentido, puesto que la audiencia única es única. Se haría todo
en una sola etapa o sesión y no podrá suspenderse más. Al final de la primera
audiencia, en la etapa final, en su caso, se dictaría sentencia. Teóricamente,
en un abrir y cerrar de ojos, un pleito quedaría concluido en Primera
Instancia, aunque por vía de apelación el Proyecto admite la segunda instancia,
francamente, dudosa en el tiempo.
Esta audiencia constituye el eje
sobre el que gira y se asienta todo el sistema que se quiere implantar, bajo
pena de nulidad de lo actuado si no hay audiencia. Las audiencias. La
celebración de la audiencia tendrá prioridad y responsabilidad realizada cada
secretaría, bajo el cargo de abogados, se halla en el centro de la reforma
legal propuesta.
EL FACTOR HUMANO: Calificación,
honestidad, número, infraestructura.
Dijo el Profesor Augusto Morello,
Catedrático de la Universidad de la Plata, refiriéndose al proceso oral, dice:
"Sólo contando con jueces calificados, independientes y responsables, pero
también muy ágiles y experimentados, puede asegurarse un razonable
rendimiento".
No descubrimos nada y nadie cree
que en el Paraguay un número importante de jueces y abogados padece de
insuficiencia profesional y honestidad. Aquí el acceso a la judicatura,
generalmente de primera instancia, no es la culminación de una vida profesional
y económica exitosa. Es apenas el inicio de una etapa de aprendizaje. Se carece
de la solvencia y una función pública que provee a jóvenes abogados de un
salario mayor del que gozan la mayoría de los empleados del Estado.... El
proceso oral requiere de jueces con mucha experiencia, de magistrados sumamente
expertos, expertos y prudentes, de gran preparación y de probidad, con un
dominio real y completo de la plenitud del orden jurídico, evitando cuadricular
el derecho en compartimentos estancos y con la agudeza intelectual que les
permita discernir y decidir en el acto, en las audiencias, debiendo ser de
verdad el ordenador de las audiencias, y en un escenario abierto, saber lo que
hace y decidir.
¿Estamos preparados para la
rectilínea y eficiente operatividad del sistema oral? Con una masa de abogados
con adecuada formación universitaria. ¿Tenemos un número de jueces que nos
permitan ser optimistas? Estas cuestiones son imprescindibles porque si en el
engranaje del proceso predominantemente oral se introduce un error o la
conducta maliciosa, se paralizará el juicio.
El número de jueces que tengan a
su cargo el despacho de cada tribunal o juzgado es otro de los problemas. La
viabilidad del sistema tiene directa relación con la posibilidad real de llevar
adelante en tiempo y forma aquello que el eje de la esencia del sistema oral:
LA CELEBRACIÓN DE LAS AUDIENCIAS.
En buena hora, en mayoría, de la
Corte Suprema nos dicen en su exposición de motivos: "...si se utiliza
debidamente la estadística, para adoptar un sistema flexible de distribución de
la competencia judicial, de tal manera que no haya, junto a jueces recargados
de trabajo, otros con poquísimos asuntos, el sistema racionalmente equilibrado
que se obtendrá, permitirá celebrar las audiencias en tiempos razonables".
No conocemos dicha
"estadística". Tampoco sabemos que nuestro actual sistema de
distribución de causas por sorteo permita que existan jueces con
"poquísimos asuntos", al lado de jueces "recargados de
trabajo".
Lo que se puede saber,
simplemente indagando con los secretarios de los juzgados en lo civil y
comercial de Asunción, es que hoy ingresan no menos de cinco expedientes por
día, por cada secretaría, lo que hace un no menos de diez expedientes que
diariamente quedan a cargo de cada uno de los trece jueces de la capital.
Suponiendo que de esos diez
procesos sólo seis requiriesen fijación de Audiencia, el magistrado debería
estar en condiciones de sustanciar plena y totalmente seis audiencias por día,
caso contrario quedarán audiencias pendientes de fijación o pendientes de
sustanciación. En el proceso por audiencias, la falta de oportuno
diligenciamiento de todas ellas, lleva -ineludiblemente- al colapso del
sistema. Y si ello ocurre, la administración de justicia habrá fallecido, más
aún, en el aspecto que tratamos, a una institución proveedora de empleos. De
trabajos que no se cumplen, o que se cumplen mal.
Se admite que una cantidad
apreciable de jueces de primera instancia no pueden dedicarse por entero a su
función jurisdiccional, porque, considerando sus retribuciones mensuales
salariales, deben buscar un cuarto equilibrio presupuestario, recurriendo a la
docencia. En especial los que tienen familia que mantener. Si cada mañana deben
ocuparse de sustanciar audiencias y por la tarde o noche dictar cátedra, poco
será el tiempo que les reste para satisfacer una aspiración que los señores
ministros de la Corte Suprema, en mayoría, han puesto de resalto en su
exposición de motivos al expresar que la celebración de la audiencia debe de la
"muy bien preparada y responsablemente realizada por el juez" y que
para ello "se ha de descargar a los magistrados de labores administrativas
a cargo a la ley quien tiempo para el ejercicio de la función
jurisdiccional".
Los jueces no podrán emitir
fallas. No podrán solicitar permiso. No podrán ausentarse por ningún motivo.
Cada día que falten generará un efecto en cadena que afectará gravemente las
diligencias de los días subsiguientes.
DE LA INFRAESTRUCTURA:
El proceso predominantemente oral
es sumamente costoso. En el proyecto, el factor humano constituye una
aspiración de dar vuelta la cara al revés, procesalmente hablando. Suponiendo
que esa intención se hubiese adoptado con plena conciencia de lo que significa
y que es el momento que ofrece la coyuntura, se debió el punto de partida de
toda la realidad de nuestro Estado que no difiere, por desgracia, por lo que
hace al presente, para saber el presupuesto general de gastos de la nación y
que en ese afán las cosas no muestran, ni con mucho, perspectivas de bonanza y
de alivio a la alicaída billetera fiscal.... Se necesitarán más jueces. Muchos
más jueces, como lo propicia el Proyecto. También se requiere de tecnología. El
art. 31 del Anteproyecto dice: "...las audiencias se registrarán en audio,
en dos originales, uno de los cuales se agregará al expediente en un soporte de
CD o que permita que sea entregado a las partes para su reproducción en caso de
extravío del primero. La grabación se hará electrónicamente, o por el medio más
eficiente y seguro de que se disponga". Cuando este medio electrónico de
que disponga el Poder Judicial lo permitan, en todos o en parte de los juzgados
y tribunales, la Corte Suprema de Justicia podrá disponer, por acordada, la
registración en audio y video". Es obvio el reconocimiento de la gran
onerosidad del equipamiento, ratificada por el art. 87.3 del Proyecto.
Pero hay que enfrentar otros
costos aún mayores. Ya hemos visto que se requerirán muchísimos más jueces que
los que actualmente se hallan nombrados.
Cada nuevo juez requerirá de un
despacho, de un local, y cada despacho deberá contar con una Sala especial,
según se lee en el art. 87.2 del anteproyecto que dice: "La Corte Suprema
de Justicia instrumentará la habilitación de salas en cada juzgado o tribunal,
para la consulta de los expedientes, incluidas las grabaciones en audio o video
y video que forman parte del proceso". Además, se deberá contar con salas
de audiencias al paso para albergar a los sujetos del proceso y el público
asistente.
A la vista de estas exigencias
del nuevo sistema, ante el dilema eterno de fondos públicos angustiados
¿Cuántas nuevas construcciones de nuevos despachos, de nuevos locales, de
nuevas salas de audiencias y consulta requerirá el Poder Judicial?
El Anteproyecto, de convertirse
en ley, va a desangrar al Estado. Y si el Estado no provee los fondos
suficientes, el eventual nuevo sistema morirá antes de nacer. Consideramos que
hoy no se justifica ese talento que contempla la elaboración de unas bases
tecnológicas iniciales, como son la educación, seguridad, etc.
La ecuación costo-beneficio queda
pendiente de demostración.
Conforme a lo hasta aquí
expuesto, se estima que el Anteproyecto es algo inoportuno. Algo que aun cuando
pudiese constituir una importante promesa de buena justicia, en extraordinarios
méritos, no puede ni hoy ni mañana (corto y mediano plazo), tener andamiento en
el Paraguay, dadas las especiales circunstancias que constituyen la realidad de
nuestro país, y dado el costo de los requerimientos humanos y materiales que
reclama ese eventual cuerpo jurídico.
Respecto de lo que puede ser, o
lo que pueda suceder a largo plazo, no pretendemos entrar a considerar en estas
líneas. Al todo lo dicho hay que agregar que tampoco este Anteproyecto es un
proyecto de regulación aceptable. Su vigencia ocasionaría grave daño a la ley y
a la actividad jurisdiccional paraguaya. Esto no significa, ni mucho menos,
sostener que el actual cuerpo jurídico procesal civil es perfecto. Requiere de
algunas reformas para facilitar su aplicación.
En vista de todo lo anterior
queremos señalar siquiera algunas de las graves deficiencias que padece el
Proyecto:
En primer término, hay que
recordar que todo proceso es un proceso mixto, con predominancia de la
escritura o de la oralidad, y que no es cierto, en cuanto a la oralidad se
refiere, que el Proyecto siga las más modernas tendencias del derecho procesal
de América y Europa, pues en América, hasta donde sabemos, sólo se cuenta con
el de la costa uruguaya, y no de las más importantes en cuanto a su riqueza y
tradición jurídicas- y en Europa solo unos pocos. En la Argentina cada vez se
intenta introducirlo al Código Procesal de la Nación por la Ley 24.573,
denominada de "Mediación y Conciliación", cuyo texto introduce
reformas al Código, incorporando en el art. 360 una audiencia preliminar, pero
dentro del trámite del juicio escrito. Y también cabe citar que en la Provincia
de Buenos Aires se instituyó el sistema oral relativo por ley 7.961, "pero
en general la Comisión (oficial) no se optó por la forma de procedimiento
oral". Se ha concluido inclusive que "la oralidad casi no ha sido
ensayada y en la mayoría de los casos las experiencias han conducido a
frustraciones" (V. Ferreyra de De la Rúa y Gonzales de la Vega de Ogil,
"Constitución para un Proceso Civil Moderno", Bs. As., Ediar, 1997,
pág. 79).
La reforma del Código Procesal
Civil no termina con ella, sino que exige necesariamente la reforma del Código
de Organización Judicial, debido a la interdependencia de la parte dinámica con
la parte estática del derecho procesal. Y así lo reconoce el Proyecto que
presentamos, en sus artículos 437.2 y 437.2.1. Conforme con lo que ellos
establecen, la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su facultad de
iniciativa legislativa (artículo 203 de la Constitución) enviará al Poder
Legislativo un proyecto de nuevo Código de Organización Judicial".
Curiosamente, el Proyecto reconoce esa "facultad" que la Constitución
consagra a favor de la Corte Suprema de Justicia, en un "deber", y
viola de ese modo, además, el principio de independencia de los Poderes.
La derogación del Código Procesal
Civil vigente se haría extensiva al sistema y al juicio de lo contencioso y
electoral. Y ello es así como consecuencia de lo que prescribe el art. 37 de la
Ley N° 635/95, el art. 47 del Nuevo Código Electoral (Ley N° 834/96).
"Remisión procesal. En cuanto fuere pertinente, y en todos los casos con
observancia del principio del debido proceso, las actuaciones contenciosas ante
la Justicia Electoral se sustanciarán conforme a las normas establecidas en el
Título XII del Libro IV del Código Procesal Civil relativo a la demanda del
Conocimiento Sumario". La norma ley al regular el "trámite
especial" ante la justicia electoral todavía agrega, en su art. 237
(Condiciones y Formas) 237 "En razón de que no podrán versarse sobre la
impugnación de candidaturas a la nulidad de elecciones, o que no sea necesaria
de la producción de pruebas en las cuales tramitarán de modo urgente y siempre
que no se halle previsto un procedimiento propio, se aplicarán las reglas del
proceso de conocimiento sumario previsto en el Código Procesal Civil, con las
siguientes modificaciones". Este proceso de conocimiento sumario
desaparecerá con la reforma. No es necesario, por ello, buscar el gran
compromiso legal que comportaría la derogación del Código Procesal Civil en ese
fuero electoral, sin las previsiones correspondientes, que no tiene el Proyecto
examinado. Lo que ocurrirá en todos los casos en que leyes especiales se
remiten específicamente a disposiciones del mismo, por ejemplo los artículos 70
y 72 de la ley orgánica municipal de inconstitucionalidad, o el art. 28 de la
Ley N° 1.084 (QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO Y REMOCIÓN DE
MAGISTRADOS), en virtud del cual se establece que el Jurado tendrá las
facultades disciplinarias previstas en el Código Procesal Civil y el de
Organización Judicial, durante la tramitación del enjuiciamiento, etcétera,
etc....
El Proyecto presenta como una de
sus principales innovaciones lo que denomina como "procesos de
conocimiento", y que los procesos para el debate deben seguir el juicio
ejecutivo, el juicio sobre obligación de dar cosas fungibles, la de rendir cuentas
o de escriturar o el de fijación de un precio de cosas; el juicio de desalojo;
los juicios de interdictos, los juicios de mensura y de deslinde; el juicio
sobre obligación de otorgar escritura pública; el juicio de disolución de
sociedades comerciales; el juicio de rendición de cuentas (art. 273) y otros
más, porque la enumeración hecha por el artículo no es taxativa, según se
infiere de su tenor. Las reglas de este proceso monitoreo se aplicarían,
empero, sin perjuicio de las especiales relativas al juicio ejecutivo y al
juicio de desalojo, creándose de ese modo un híbrido procesal. Debe señalarse
que no queda claro qué otros juicios podrían tramitarse por la vía del llamado
proceso monitoreo, ya que la enumeración del artículo 273 no es taxativa, y no
parece concebible esta norma con la del art. 408 del Proyecto, que prescribe
que "todos los tipos de litigios que no tengan asignado otra vía legal,
seguirán los trámites del proceso ordinario". Pero todo esto no es lo más
importante. Lo más importante es que este proceso monitoreo -absolutamente
inaplicable a ciertos juicios subsumidos por él- resultaría completamente
superfluo; desde que bastaría con que el actor no hiciese oposición en juicio
por mensualidad de rentas o vencido el plazo para la contestación, "el proceso
monitorio se transformaría en sentencia, como el ordinario (conf. art. 207 a
209)", según previene el art. 287 del Proyecto. En suma, bastaría la
oposición de una excepción para que el elogiado proceso monitoreo se ordinaria
se, y entonces puede predecirse que ocurriría fatalmente que todos los procesos
serían ordinarios, como los interdictos, el desalojo, etc., y el único proceso
realmente vigente sería el ordinario. Con lo cual también se violaría el
principio de técnica legislativa, según el cual debe respetarse la adaptación
del procedimiento a la naturaleza de la causa, que, como es obvio, ya se violaría
con la subsunción que el Proyecto propone de mandar al trámite del proceso
monitorio todos los juicios especiales.
No deja de dejar de preguntar
cuál es el valor que el Proyecto concede al mandante que las partes otorgan al
abogado (o procurador) para que les represente en juicio, pues en su art. 15
admite el "Derecho a comparecer personalmente o a través de representante,
por un lado, y, por otro lado, exige que la asistencia por abogado sea
obligatoria, bajo pena de nulidad, y vayan firmadas por las partes (art. 102,
107 y art. 107.10), así como exige que comparezcan personalmente a todas las
audiencias. Con esto se desnaturaliza y viene abajo la función del mandatario
y, entre otras consecuencias, se limita muchísimo al ciudadano la posibilidad
de estar en juicio, ya que el propio desconocer, al proyecto prescribe que
"el representante judicial siempre tendrá las facultades de desistir,
allanarse y transigir, aun cuando se diga lo contrario". Es decir, que si la
mandante demanda ni contestar demanda sin la firma de su mandante, es decir, en
su representación. En tales condiciones, la función del abogado procurador
quedaría muy poco o porque a pesar de él el mandatario puede hacer cualquier
cosa contra la voluntad del mismo.
El Proyecto no regula los títulos
ejecutivos, estableciendo cuáles son los que traen aparejada ejecución, con lo
cual, a falta de éstos, a cualquier documento puede ser considerado tal o
ningún documento puede serlo, al arbitrio total del Juez. A nadie puede
escapársele la gravedad de tal omisión, porque se deja de regular nada menos
que respecto de la base del proceso de ejecución.
El Proyecto no regula las
características y circunstancias bajo las cuales pueden ser decretadas las
medidas cautelares, estableciendo sus diferentes tipos y alcances. Y al dejar
de regular nada menos que ella (una enumeración meramente enunciativa (no taxativa),
según su art. 254, lo cual representa un daño que no se puede calcular, pues
quedaría a la entera discrecionalidad y arbitrio del Juez, con el agravante de
que de ese modo se le otorga también un poder excesivo al mismo. Nadie
desconoce lo que una medida cautelar es en la materia cautelar, en la cual
siempre se ha sostenido un carácter restrictivo.
El Proyecto no regula las
excepciones de previo y especial pronunciamiento, que entre paréntesis tienen
en el vigente Código Procesal Civil un trámite mucho más expeditivo y oral,
como no se lo regula. Al no regularse ellas, se produce un caos ya que todos
ellos están destinados a obtener la protección contra el ejercicio abusivo de
la pretensión de fondo del actor en la demanda, que ellas no son sino los
supuestos en que han de fundarse y deducirse las peticiones que,
congruentemente con lo que se pide, el órgano jurisdiccional tenga el deber, en
la forma que se refiere, de diferenciar pronunciamiento que la sentencia debe
tener.... El Proyecto elimina el deber del Juez de "resolver siempre con
sujeción a la ley sin que sea permitido juzgar del valor intrínseco a equidad
de ella", con lo cual se estaría violando los principios de legalidad y la
garantía del debido proceso, e introduce flagrantemente la arbitrariedad
judicial sin limitaciones, por cuanto no habría norma alguna en la que pueda sustentarse
el órgano jurisdiccional en un determinado dictador del proceso.
El Proyecto elimina la perención
o caducidad de la instancia como modo de terminación de los procesos; lo cual
es coherente con el carácter publicístico del proceso, que es su
característica, ya que el impulso procesal la ley lo encomienda en manos del Juez.
Pero entonces es inaceptable lo que dispone en su art. 33.3, que hace caer
sobre las partes las consecuencias de la inactividad judicial: "Paralizado
un proceso en sus trámites principal y accesorios, por más de seis meses, el
secretario dará cuenta al Juez y este dispondrá la intimación a las partes a
proseguir el trámite bajo apercibimiento de tenerles por desistidas del
proceso, si en el término de diez días no se presentaran a solicitar lo que
corresponda". ¡Es una de sus principales innovaciones que ha de resultar
injusta! ¡Es una de sus principales innovaciones que resultaría injusta! Es lo
que hoy día más se critica: si se tiene en cuenta que el Proyecto también
elimina la queja por retardo de justicia, con lo cual las partes no tendrían
ninguna herramienta para hacerles cumplir sus obligaciones a los jueces y
magistrados.
En realidad, el Proyecto presenta
tantas deficiencias que no es posible agotarlas en un documento como el
presente. Pues entre otras cosas, muchas de ellas otras cosas, propicia el
prejuzgamiento y la irresponsabilidad de los magistrados (al eliminar la excusación
"por el simple decoro" del Esp. de Mts. pág. 23), ser un copia fiel a
la ascendencia uruguaya de un modelo "borrador", es decir, un
proyecto de proyecto que ha sido luego modificado por aquel país (el actual
Código Civil de la República Oriental de Uruguay), no regula el procedimiento
de las quejas y de las apelaciones (art. 317 en reserva), por el acaso cambie
la competencia (art. 5), pero no elimina el recurso de reposición, elimina la
tercera instancia, o sea la casación, con lo cual la Corte Suprema de Justicia
deja su función de entender en los recursos de casación, sin facultad para
entender por vía de apelación; se refiere únicamente a la autonomía de los
tribunales de apelación; elimina la acción autónoma de nulidad y la acción
puramente declarativa; no fija criterio para la evaluación de las pruebas,
dejando esa evaluación enteramente al arbitrio del Juez, etcétera, etc.
Por todo lo cual y las críticas
que pudiesen hacerse a la mayor parte de las previsiones del Proyecto, a su
pobre lenguaje jurídico, a su redacción imprecisa, a sus definiciones y
aclaraciones innecesarias y a las frustraciones que propone, dejamos expresa
nuestra oposición al mismo, manifestando que sería lamentablemente perjudicial
para nuestro país que se convirtiera en ley.
COMISION NACIONAL DE CODIFICACIÓN
(Sesión del 11/2/05) por unanimidad: Prof. Dr. Hernán Casco Pagano
(Presidente), Prof. Dr. Francisco José De Vargas, Prof. Dr. Alejandro Encina
Marín, Prof. Dr. Alejandro Ferrer Deheza, Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser,
Prof. Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli, Prof. Dr. Luis Enrique Chase Sise,
Dr. José Alberto Correa, Dr. Jorge Gross Brown, Abog. Oscar Paciello
(Secretario).
CÁTEDRA DE DERECHO PROCESAL CIVIL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL: Prof. Dr. Hugo Allen, Prof. Dr. Hernán Casco
Pagano, Prof. Dr. Arnaldo Catalino Arce....
CÁTEDRA DE DERECHO PROCESAL CIVIL
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Prof. Dr. Juan Carlos Mendonca, Prof. Dr. Antonio
Tellechea Solis (Rector), Prof. Abog. Manuel Riera Escudero, Prof. Abog. Rubén
Fernández Colmán.
viernes, 8 de mayo de 2026
martes, 5 de mayo de 2026
Paraguay en riesgo de pérdida gradual de competitividad
1. Diagnóstico central
El mercado praguayo pasó de un ciclo de demanda excesiva de dólares a un ciclo de oferta excesiva de dólares, y el BCP actuó de forma más intensa cuando el dólar subía que cuando bajaba.
Ese punto tiene lógica macroeconómica. Cuando el dólar sube, el BCP suele vender reservas para suavizar el traslado a precios. Pero cuando el dólar cae demasiado, si no compra divisas, permite una apreciación nominal fuerte del guaraní. Esa apreciación abarata importaciones y ayuda a contener la inflación, pero deteriora la rentabilidad de exportadores, industrias sustituidoras de importaciones, maquila, turismo receptivo y productores que venden en dólares o compiten contra bienes importados.
El dato relevante es que la inflación paraguaya sigue baja: en abril de 2026 fue 0,8% mensual, 2,2% acumulada y 2,3% interanual, según el BCP. Eso le da margen técnico al Banco Central para comprar dólares sin comprometer de inmediato la meta inflacionaria, siempre que esterilice adecuadamente el exceso de guaraníes resultante.
2. Lo que sí parece consistente
El argumento es consistente en cuatro frentes.
Primero, Paraguay está recibiendo más divisas por exportaciones. Al cierre de marzo de 2026, las exportaciones totales alcanzaron USD 4.615,2 millones, 12,8% más que en marzo de 2025, y el aumento de exportaciones registradas fue explicado principalmente por mayores ventas de granos y aceite de soja.
Segundo, el propio BCP mantiene una proyección de crecimiento robusta para 2026: 4,2% del PIB, con mejor desempeño esperado en agricultura, particularmente soja, y servicios como transporte e intermediación financiera.
Tercero, el ciclo externo efectivamente cambió. La Reserva Federal inició su ciclo de baja de tasas en septiembre de 2024 con un recorte de 50 puntos básicos, llevando el rango de fondos federales a 4,75%-5,00%, y luego continuó bajando en 2024 y 2025. Ese diferencial de tasas reduce parte del atractivo relativo del dólar frente a monedas emergentes.
Cuarto, el BCP mantiene una tasa de política monetaria de 5,50% anual, en una postura prudente, con inflación contenida pero riesgos externos todavía relevantes.
3. Lo que se exagera
La frase “el BCP debería comprar dólares” es razonable, pero no puede entenderse como una obligación automática o ilimitada.
Comprar dólares implica emitir guaraníes. Si el BCP compra divisas y no esteriliza suficientemente, puede recomponer liquidez, bajar tasas de mercado y alimentar inflación futura. Si esteriliza demasiado, puede encarecer el costo cuasi fiscal de la política monetaria. Por tanto, la cuestión no es simplemente “comprar o no comprar”, sino comprar gradualmente, esterilizar parcialmente y comunicar una regla de intervención compatible con la meta de inflación.
También debe distinguirse entre una apreciación coyuntural y una apreciación estructural. Si el ingreso de dólares responde a soja, carne, bonos soberanos en guaraníes, Itaipú y arbitrajes financieros, parte del movimiento puede ser transitorio. Pero si el BCP deja que ese shock transitorio determine el tipo de cambio de mercado por demasiado tiempo, el daño competitivo puede volverse real: pérdida de contratos, márgenes comprimidos, menor empleo formal y caída de inversión en sectores exportadores.
4. Tendencia probable de la economía paraguaya
Corto plazo: expansión con inflación baja.
La economía paraguaya probablemente mantendrá crecimiento positivo en 2026, impulsada por agricultura, exportaciones de soja, carne, maquila, servicios financieros y consumo favorecido por importaciones más baratas. El escenario oficial de crecimiento de 4,2% es consistente con ese cuadro.
Tipo de cambio: sesgo bajista o lateral-bajo, salvo intervención.
Mientras continúe la entrada de divisas por exportaciones, financiamiento externo en guaraníes, liquidaciones extraordinarias y menor fortaleza global del dólar, el tipo de cambio tenderá a mantenerse presionado a la baja. Si el BCP no compra dólares en volumen relevante, el guaraní puede seguir apreciado o apenas corregir parcialmente.
Inflación: contenida en bienes importados, pero con focos en alimentos y energía.
Un guaraní fuerte abarata importaciones y modera inflación de bienes transables. Sin embargo, carne, combustibles y alimentos pueden seguir generando presión sobre la canasta familiar. La inflación general puede verse ordenada, pero la inflación sentida por hogares de ingresos medios y bajos puede ser superior en rubros esenciales.
Sectores ganadores: importadores, comercio, consumidores urbanos y deudores en dólares con ingresos en guaraníes.
El dólar bajo beneficia a quienes importan bienes, pagan insumos externos o tienen obligaciones dolarizadas. También mejora el poder de compra de consumidores frente a bienes importados: electrónicos, vehículos, maquinaria, ciertos alimentos y productos industriales.
Sectores perdedores: exportadores, productores locales, maquila con costos en guaraníes y fisco aduanero.
Una apreciación real fuerte reduce competitividad. El productor que cobra en dólares y paga salarios, energía, logística e impuestos en guaraníes ve comprimido su margen. El Estado también puede recaudar menos por tributos vinculados a importaciones medidas en guaraníes y por menor rentabilidad de ciertos sectores.
5. Conclusión ejecutiva
La tendencia base para Paraguay es: crecimiento económico aceptable en 2026, inflación controlada, dólar débil y guaraní sobreapreciado, con riesgos crecientes para competitividad, empleo transable y recaudación.
Mi opinión: el comentarista acierta en advertir el riesgo de desalineamiento cambiario. El BCP no debería defender un tipo de cambio fijo, porque Paraguay tiene flotación cambiaria, pero sí debería evitar una apreciación real abrupta y desordenada. La política óptima sería una intervención compradora moderada, transparente y esterilizada, no para “subir artificialmente el dólar”, sino para suavizar el ciclo, reconstruir reservas y preservar competitividad sin comprometer la meta inflacionaria.
En términos prácticos: si el dólar permanece cerca de G. 6.000, la economía paraguaya puede verse “sana” en los agregados macroeconómicos, pero con deterioro silencioso en la economía real productiva. El riesgo no es una crisis inmediata; el riesgo es una pérdida gradual de competitividad que se manifieste después en menor inversión, menor empleo formal y presión fiscal.
domingo, 19 de abril de 2026
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA CONTRA RESOLUCIONES DE OTRAS SALAS DE LA CSJ
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS O INTERLOCUTORIAS DICTADAS POR OTRAS SALAS DE LA PROPIA CORTE SUPREMA.
La arquitectura constitucional
paraguaya habilita, en abstracto, que la Sala Constitucional conozca una acción
de inconstitucionalidad promovida contra sentencias definitivas o
interlocutorias dictadas por otras salas de la propia Corte Suprema. El
problema no está tanto en la existencia formal de la competencia, sino en su
delimitación material. Si esa potestad se ejerce sin un estándar restrictivo,
la última instancia deja de ser verdaderamente final y el sistema entra en una
zona de erosión de la cosa juzgada, la previsibilidad y la seguridad jurídica.
El punto de partida normativo es
inequívoco. La Constitución define al Paraguay como “Estado social de derecho”
y organiza el poder público bajo independencia, equilibrio, coordinación y
recíproco control. Esa cláusula no autoriza controles ilimitados dentro del
Poder Judicial: autoriza controles constitucionalmente tipificados. Además, la
propia Constitución dispone que la Corte Suprema tiene facultad para declarar
la inconstitucionalidad de normas jurídicas y de resoluciones judiciales, “en
la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley”. Y,
de manera todavía más específica, el artículo 260 atribuye a la Sala
Constitucional la competencia para decidir sobre la inconstitucionalidad de
sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las
contrarias a la Constitución. También prevé que el procedimiento se inicie por
acción o por excepción.
Por tanto, desde la letra
constitucional, la tesis de que la Sala Constitucional nunca puede revisar
fallos de otras salas no es sostenible. La Constitución paraguaya expresamente
contempla el control de constitucionalidad de resoluciones judiciales y lo
ubica en la órbita de la Sala Constitucional. A eso se suma que la Corte está
integrada en salas, una de ellas constitucional, y que la Corte “conoce y
resuelve sobre inconstitucionalidad”. El dato duro, entonces, es este: no
estamos ante un recurso horizontal entre salas, sino ante un proceso
constitucional autónomo que, excepcionalmente, puede recaer sobre una
resolución jurisdiccional, aun cuando esta provenga de otra sala del mismo
máximo tribunal.
Ahora bien, que exista competencia no significa que el alcance sea irrestricto. Aquí está el núcleo del problema. El mismo texto constitucional protege la definitividad de las decisiones: en materia penal establece que no se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales en los casos previstos por la ley procesal. Aunque esa cláusula opera de modo textual en el ámbito penal, proyecta un principio más amplio de cierre jurisdiccional: la jurisdicción necesita un punto de consumación. De otro modo, el sistema de justicia queda estructuralmente inestable.
Además, el artículo 256 dispone
que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley.
Esa norma es decisiva porque permite distinguir dos planos: uno es el error de
juzgamiento, otro muy distinto es la inconstitucionalidad del acto
jurisdiccional. La Sala Constitucional no debería funcionar como una
supercasación encubierta para revisar interpretación legal, valoración
probatoria, motivación suficiente o desaciertos hermenéuticos ordinarios. Su
intervención solo es constitucionalmente legítima cuando el fallo judicial
incurre en una lesión directa, inmediata y relevante de la Constitución.
Ahí es donde la diferenciación
del Paraguay como Estado social de derecho, no como “Estado constitucional” en
clave maximalista o neoconstitucional, resulta especialmente útil. Esa
distinción ofrece una de las claves dogmáticas más sólidas para resolver el
problema. En un modelo de Estado social y de derecho, la Constitución es norma
suprema, sí, pero la juridicidad no se disuelve en una lectura expansiva y
omnipresente del control constitucional. El sistema conserva centralidad de la
ley, de la competencia reglada y de la estabilidad de las formas procesales. En
cambio, ciertas lecturas del “Estado constitucional” tienden a expandir el
control de constitucionalidad hasta convertir casi cualquier agravio en una
cuestión constitucional. Su observación apunta, precisamente, a frenar esa
hipertrofia del control.
Guastini cuestiona la idea de que
todo conflicto de invalidez en un sistema con constitución rígida deba leerse
en una clave expansiva o valorativa. Guastini insiste en que la invalidez
sustancial consiste en reconocer una contradicción entre una norma inferior y
una superior, y que ese fenómeno no es exclusivo de los llamados “Estados
constitucionales”; también aparece en ordenamientos jerárquicos más clásicos.
Esa tesis sirve para reforzar una conclusión: no hace falta abrazar un
neoconstitucionalismo fuerte para admitir el control de constitucionalidad de
sentencias; pero justamente por eso, el control debe ser entendido como técnica
de depuración por contradicción constitucional, no como reexamen general del
mérito del fallo.
Dicho en términos de dogmática
procesal-constitucional: la acción de inconstitucionalidad contra fallos tiene,
naturaleza de acción autónoma de control constitucional de actos
jurisdiccionales, no de recurso. Su objeto no es la injusticia del fallo, sino
su incompatibilidad constitucional. Su parámetro de control no es la mera
legalidad, sino la Constitución. Y su efecto no debería ser la apertura de una
nueva instancia para redecidir el litigio en plenitud, sino la expulsión o
nulidad del acto judicial solo en la medida en que la lesión constitucional sea
identificable y decisiva. Toda decisión de última instancia puede ser
reabierta, se resiente la seguridad jurídica y la confianza institucional.
Por eso, la Sala Constitucional puede
revisar los fallos de otras salas de la CSJ por vía de acción de
inconstitucionalidad; pero no existe base constitucional para que lo haga como
si fuera una cuarta instancia o una super-sala revisora del acierto jurídico
ordinario. El límite correcto está en la diferencia entre:
·
control de constitucionalidad: admisible;
·
revisión de legalidad ordinaria o de mérito:
inadmisible.
Si esa frontera no se traza con
rigor, el artículo 260 termina colonizando toda la actividad de las demás salas
y rompe el diseño funcional del artículo 258, que distribuye a la Corte en
salas especializadas.
Nuestro sistema positivo muestra cuatro reglas estructurales:
Primera: la Constitución atribuye
expresamente a la Corte y a la Sala Constitucional potestad para declarar la
inconstitucionalidad de resoluciones judiciales.
Segunda: la Corte está organizada
en salas, lo que supone una división funcional interna que no puede ser vaciada
por una lectura absorbente de la jurisdicción constitucional.
Tercera: el sistema
constitucional paraguayo protege la definitividad de las decisiones y repudia
la reapertura indiscriminada de procesos fenecidos.
Cuarta: toda sentencia debe
fundarse en la Constitución y en la ley; por tanto, la revisión constitucional
es un control de compatibilidad superior, no de simple desacuerdo
interpretativo.
Dónde está el verdadero riesgo
sistémico?
El riesgo sistémico no es que
exista la acción. El riesgo es que la acción sea usada con estas derivas:
·
re-etiquetar agravios de legalidad como agravios
constitucionales;
·
permitir que la Sala Constitucional sustituya el
criterio técnico de las otras salas en materias no constitucionales;
·
admitir acciones contra fallos firmes sin
estándar estricto de relevancia constitucional;
·
usar la nulidad constitucional para reabrir
masivamente litigios concluidos;
·
convertir el control constitucional en un
mecanismo de recentralización del poder jurisdiccional dentro de la propia
Corte.
Eso sí deteriora la confianza en
el sistema judicial. No porque el control sea ilegítimo per se, sino porque la
ciudadanía y los operadores dejan de saber cuándo un proceso terminó realmente.
El sistema necesita una ley de
cierre interpretativo o, al menos, una doctrina jurisprudencial vinculante que
establezca con precisión que la acción de inconstitucionalidad contra
sentencias:
a) Es de interpretación
restrictiva.
Solo procede por violación
constitucional directa, frontal y trascendente.
b) No sustituye recursos
ordinarios o extraordinarios.
Debe ser improcedente cuando el
agravio sea de mera legalidad, valoración probatoria, errores in iudicando
comunes o discrepancias de técnica casacional.
c) Requiere “cuestión
constitucional suficiente”.
La demanda debe individualizar
con precisión la cláusula constitucional vulnerada, el modo concreto de lesión
y la incidencia decisiva de esa lesión en la parte resolutiva del fallo.
d) Exige agotamiento de remedios
ordinarios idóneos.
Salvo supuestos excepcionales de
lesión constitucional manifiesta e irreparable.
e) Está sometida a un plazo fatal
breve.
Para no eternizar la
incertidumbre sobre la firmeza de las sentencias.
f) Tiene legitimación acotada.
Solo parte directamente agraviada
por lesión constitucional propia y actual.
g) Produce un efecto rescisorio,
no rescisorio-sustitutivo amplio.
La Sala Constitucional debería
anular por inconstitucionalidad y reenviar, salvo que la propia Constitución o
la economía procesal impongan una solución inmediata y estrictamente necesaria.
h) Respeta una deferencia
reforzada frente a las otras salas de la Corte.
No deferencia política, sino
deferencia funcional: solo se desplaza su decisión cuando hay incompatibilidad
constitucional inequívoca.
Naturaleza jurídica de la acción
y su impacto institucional
La acción de inconstitucionalidad
tiene naturaleza de garantía constitucional jurisdiccional autónoma contra
actos jurisdiccionales firmes. No es un recurso. No es una apelación especial.
No es casación . Y no puede operar como un mecanismo de uniformación general de
criterios entre salas. Su razón de ser es evitar que la cosa juzgada cubra
decisiones materialmente incompatibles con la Constitución.
Su impacto sobre la confianza del
sistema depende de cómo se la encuadre:
·
Fortalece la confianza si funciona como remedio
excepcional frente a arbitrariedades o violaciones constitucionales
manifiestas.
·
Destruye la confianza si se transforma en una
puerta lateral para reabrir toda derrota procesal relevante.
·
La ciudadanía tolera que existan remedios
excepcionales; lo que no tolera es que la última palabra judicial sea siempre
provisoria.
Sobre la diferenciación “Estado
social y de derecho” vs. “Estado constitucional”
La autodescripción constitucional
del artículo 1 es la de Estado social de derecho, no la de un “Estado
constitucional” entendido como paradigma de expansión ilimitada de la
jurisdicción constitucional. Esa autocomprensión permite sostener una lectura
más sobria:
·
supremacía constitucional, sí;
·
control de constitucionalidad de sentencias, sí;
·
pero con reserva de excepcionalidad, tipicidad
de causales, deferencia funcional y preservación de la definitividad.
En otras palabras: la Sala
Constitucional no está llamada a ser la dueña material de todo el Poder
Judicial, sino el órgano de cierre del conflicto estrictamente constitucional.
En conclusión:
La acción de inconstitucionalidad
contra fallos de otras salas de la CSJ es constitucionalmente posible en
Paraguay, porque los artículos 132 y 260 así lo permiten. Pero su legitimidad
sistémica depende de entenderla como acción autónoma excepcional, de objeto
estrictamente constitucional, y no como una instancia revisora general del
acierto de las demás salas. Si no se la encierra en ese perímetro, la Sala
Constitucional deja de ser juez de constitucionalidad y pasa a operar como un
órgano de supremacía interna sobre toda la Corte, con grave afectación de cosa
juzgada, seguridad jurídica y confianza institucional.
jueves, 26 de marzo de 2026
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