miércoles, 11 de noviembre de 2026

Amparo para vedar información reservada?

JUICIO: AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR CARLOS ANTONIO OCAMPOS ZELADA Y OTROS BAJO PATROCINIO DE LA ABG. JAZMÍN GARCETE CANTERO CONTRA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF).i S.D. N°: 897 ASUNCION, 5 de Noviembre de 2025 V I S T O: El presente juicio de Amparo Constitucional del que; R E S U L T A: } Que, en fecha 30 de octubre del 2025, se presentan los señores Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, a promover la presente Garantía Constitucional de Amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas, manifestando que, actualmente se hallan en inminente peligro de violación por parte de Ministerio de Economía y Finanzas sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental.- Por providencia de fecha 30 de octubre del 2025, este Juzgado tuvo por iniciada la presente Garantía Constitucional de Amparo y requirió al citado ente público demandado, informe circunstanciado en los términos del art. 572 del C.P.C.- En fecha 03 de noviembre del 2025, se presenta el Abg. Miguel E. Cardozo Zarate, bajo patrocinio del Abg. del Tesoro Ángel Fernando Benavente Ferreira, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, a evacuar el traslado previsto en el Art. 572 del C.P.C.- Por proveído de fecha 04 de noviembre del 2025, se tuvo por contestado el traslado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y se llama autos para Sentencia.- C O N S I D E R A N D O: Que, los señores Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch promueven demanda de Amparo Constitucional contra el del Ministerio de Economía y Finanzas, manifestando principalmente que sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental, consagrados en los Artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional, se encuentran en inminente peligro de violación por parte de la institución demandada. Sostienen que la amenaza concreta se origina en la Solicitud N° 97430 de fecha 07/09/2025, realizada por el señor Hugo Javier Portillo Sosa al Ministerio de Economía y Finanzas a través del Portal Unificado de Información Pública. Dicha solicitud, invocando la Ley 5282/14, requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas informe sobre todas las sociedades o empresas registradas en las que figuren los amparistas: Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios, Rocío Caballero Bosch, Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, en cualquiera de las siguientes calidades: Accionista o socio fundador, Miembro del directorio o administrador, Representante legal o apoderado, Propietario registrado, o Cualquier otro vínculo societario o de gestión empresarial que conste en los registros públicos. Alegan que la inminente provisión de la información solicitada a una persona no autorizada, sumada a la total carencia de cualquier otra vía procesal o administrativa idónea para impedir la violación, habilitan plenamente la presente acción de amparo. Asimismo, indican que, como titulares de los datos cuya divulgación se pretende, debieron ser reconocidos como parte afectada en el procedimiento administrativo, conforme al Artículo 39 de la Ley N° 6715/2021, ya que como ciudadanos paraguayos tienen el derecho de gozar de las garantías mínimas consagradas en la ley para los procedimientos administrativos. Señalan que los amparistas son personas privadas sin cargos públicos, y la información solicitada incluye la participación accionaria en estructuras jurídicas o en la administración de las mismas, comprende necesariamente datos de personas físicas identificadas lo cual incursa a dicha información dentro de la noción de datos personales y datos personales crediticios, en los términos de la Ley N° 6534/2020. La divulgación daría lugar a la elaboración de perfiles completos sobre su situación patrimonial, transgrediendo con ello la disposición expresa del art. 6 de la Ley N° 6534/2020 y representa un riesgo para su seguridad física personal, la de sus familias y personas allegadas, al ser accesible a un número potencialmente ilimitado de personas. Argumentan que, dado que no han otorgado su consentimiento, el eventual tratamiento y divulgación de los datos sería ilícito. Manifiestan que la información en los registros del MEF es información pública reservada y que la Ley N° 6446/2019, es explicita y taxativa en cuanto a quienes pueden tener acceso a la información solicitada, limita de manera clara el acceso de terceros no autorizados, ya que dicha información será accesible únicamente para los organismos y entidades del Estado, y se podrá además habilitar el acceso, a los efectos de su consulta en línea, exclusivamente para otras autoridades, es decir que no serán accesibles a terceros que no sean entidades publicas específicamente orientadas a la prevención de delitos o faltas administrativas. Finalmente, reiteran que la información que se solicita no es información de acceso público, en los términos de la propia Ley N° 5282/14 y concordantes, por lo que sostienen que el presente amparo cumple con los requisitos constitucionales de procedencia.- Luego, requerido el informe previsto en el Artículo 572 del Código Procesal Civil, la MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, remitió a este Juzgado el informe jurídico DGPEJBF N° 84/2025, acompañadas de documentos, y niega la procedencia del Amparo debido a que, según expresa, no se dan ninguno de los requisitos para la procedencia tal como preceptúa el Art. 134 de la Constitución Nacional, a su vez, arguye que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, como así también alega que se ha pronunciado formalmente por informe Jurídico No. 55 fecha 02 octubre de 2025 remitido por la Dirección de Personas y Estructura Juridicas y Beneficiarios Finales. Menciona que, al haber cesado la falta de pronunciamiento de la Dirección de Pensiones, resulta menester la exoneración de costas.- Seguidamente corresponde estudiar la cuestión planteada, y así tenemos que los Sres. Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch, promueven demanda por amparo constitucional contra el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ya que alegan que sus derechos constitucionales resguardados en los Art. 33 y 36 de la Constitución Nacional Paraguaya se encuentran en peligro inminente de ser menoscabados, en razón de que mediante la Solicitud N° 97430 de fecha 07 de setiembre del 2025 realizada por el Sr. Hugo Javier Portillo Sosa a la persona demandada, se pretende que se le otorgue información sobre las sociedades o empresas registradas a nombre de los actores, especificando quienes son los accionistas o socio fundador, miembro del directorio o administrador, representante legal o apoderado, propietario registrado, cualquier vinculo societario o de gestión de empresarial que conste en los registros públicos, información que los actores reputan que son de carácter reservado resguardado en los registros de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, y cualquier vulneración al respecto, sería en perjuicio de las normas constitucionales ya referidas, sin perjuicio de que a la misma puedan acceder los sujetos establecidos en la Ley N° 6446/2019.- Pues bien, este juzgador debe mencionar preliminarmente que viene sosteniendo en anteriores fallos como la S.D. N° 474 de fecha 13 de octubre del 2025 dictado como interino del juzgado en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, acerca de la viabilidad de este tipo de demandas por amparo constitucional por acceso de la información pública en relación al patrimonio documental referenciado en el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, por las razones que paso exponer.- Como punto de partida, se debe atender que la información requerida por solicitud 97430 de fecha 07 de setiembre del 2025, se encuentra almacenada en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, que según el Decreto N° 3241/2020 que reglamenta la Ley N° 6446/2019 establece en su Art. 03, dice: “… Carácter de los registros: El registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales serán de carácter nacional, centralizados e independientes, en los que deberán registrarse los datos e informaciones adecuados, precisos, actualizados y oportunos sobre todas las personas y estructuras jurídicas del país, así como de sus beneficiarios finales….”, lo que conlleva, en principio, a un registro unificado y autónomo, diseñado como fuente de datos accesible a toda la nación, salvo que conforme lo prevé el Art. 02 de la Ley N° 5282/2014, dicha información sea establecida como secreta o de carácter reservado.- Entonces, lo que se debe determinar es si la información requerida es una información puramente pública o se encuentra establecida como de carácter reservado, y para el efecto se trae a colación lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, que dice: “…“…El Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales serán accesibles para los Organismos y Entidades del Estado, así como los sujetos que cumplan funciones de prevención, investigación y sanción de hechos punibles que pudieren realizarse mediante la utilización o control efectivo final de una persona jurídica u otras estructuras jurídicas. El Ministerio de Hacienda habilitará interconexiones para obtener accesos en línea a la base de datos del Registro para el Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los sujetos obligados por la Ley N° 1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, conforme lo determine la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y otros organismos competentes que requieran de la información contenida en la misma para el cumplimiento de sus atribuciones y el desarrollo de sus funciones....”. y en este punto quiere detenerme, ya que de la lectura de dicha normativa se desprende con meridiana claridad de que la información almacenada en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales no puede ser considerada típicamente pública, en la inteligencia de que si cualquier ciudadano puede acceder al registro administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales, no tendría razón de ser que la norma establezca en forma expresa los sujetos que podrán acceder a ella, ya que al nominar estos sujetos, evidentemente conlleva a una limitación de las personas jurídicas -en este caso- que pueden ingresar a esta información.- Para despejar toda duda, el mismo Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, establece en su último apartado: “…La autoridad de aplicación podrá además habilitar el acceso, a los efectos de su consulta en línea, exclusivamente para otras autoridades tributarias, autoridades administrativas, agentes fiscales y órganos jurisdiccionales intervinientes en materia de persecución de lavado de dinero, infracciones monetarias, evasión fiscal y financiación del terrorismo, y supervisión o superintendencia bancaria, financiera, de seguros, de valores y de pensiones…”, aquí se establece un doble cerrojo en la consideración reservada de la información, ya que menciona que además de los sujetos designados para acceder a este tipo de información -primera parte de dicha normativa-, prevé que la autoridad de aplicación puede habilitar el acceso, exclusivamente -entiéndase solamente o excluyendo a otros-, a otras autoridades tributarias, autoridades administrativas, agentes fiscales y órganos jurisdiccionales en materias determinadas, de lo que se concluye de que no pueden acceder a esta información personas que no fueren señaladas en forma excluyente en la norma de referencia, lo que traduce con bastante notoriedad de que la información que pretende acceder el Sr. Hugo Javier Portillo Sosa se encuentra restringido a las personas mencionadas en el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, dando como resultado que el acceso en perjuicio de lo previsto en el Art. 02 de la Ley N° 5282/2014 en concordancia con el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, constituye un acto manifiestamente ilegitimo que sobrepasa el umbral del derecho de acceso de información del peticionante, en perjuicio, o peligro inminente del derecho también constitucional del resguardo documental patrimonial de los amparistas, previstos en los Art. 33 y 36 de la Constitución Nacional Paraguaya, que “per se” constituye una lesión grave por afectar derechos de máximo rango, lo cual no puede ser remediado por la vía ordinaria, dada la urgencia del caso, ya que la entrega de estos documentos por parte de la demanda es inminente, confluyendo entonces los presupuestos previstos en el Art. 134 de la Constitución Nacional, que dice: “…Toda persona que, por un acto u omisión, manifiestamente ilegitimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley…”. Es importante destacar, además, que el razonamiento expuesto por este magistrado es consonante no solo con otros fallos emanados por este mismo juzgador, sino con la jurisprudencia actualizada de nuestros tribunales, que dice: “…En atención a lo solicitado, conforme al art. 2 de la Ley N° 5282/2014, la información es pública salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado. Con la creación del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Registro de Beneficiarios Finales, la ley prevé que los mismos sean de acceso irrestricto para los organismos y entidades del Estado Banco Central del Paraguay, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (anteriormente SET), SEPRELAD, entre otros, por ende, la información no estará disponible para terceras personas. Al respecto corresponde traer a colación lo dispuesto en la Ley N° 6446/19 "QUE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY", el cual en su art. N° 11 menciona cuanto sigue: "…Acceso al registro y cooperación…”. “…El Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales serán accesibles para los Organismos y Entidades del Estado, así como los sujetos que cumplan funciones de prevención, investigación y sanción de hechos punibles que pudieren realizarse mediante la utilización control efectivo final de una persona jurídica u otras estructuras jurídicas…” (…) La información cuya entrega se cuestiona no versa sobre datos de carácter público, sino sobre información societaria y patrimonial sujeta a un régimen especial de acceso restringido, conforme lo dispuesto por la Ley N° 6446/2019, citado precedentemente, por lo que su divulgación podría implicar una afectación a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, atendiendo que la presente acción ha sido promovida a fin de evitar que se quebranten o se violenten disposiciones sobre la intimidad, patrimonio documental y la seguridad de los ciudadanos, en este caso en específico de la firma CARSA S.A. y sus accionistas. Corresponde señalar además que la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”, fue creada con la finalidad de garantizar la transparencia en la gestión estatal y el acceso a datos que permitan un control ciudadano sobre el desempeño de las instituciones públicas. No obstante, ello no habilita a que se vulnere de manera irrestricta la esfera privada de las personas mediante la exposición de información patrimonial, cuya revelación no tiene incidencia en la transparencia de la función pública ni contribuye a la investigación social de la administración de la cosa pública. El pedido formulado pretende que el Ministerio de Economía y Finanzas revele datos relativos a la constitución societaria, actas de asamblea, actas de directorio, constancia de comunicación en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas, constancia de comunicación en el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales, dictámenes (ABOGACIA DEL TESORO), constancia de Inscripción de Sociedades en DGPEJBF, constancia de comunicación asamblearia, constancia de comunicación de transferencia de acciones, constancia de comunicación de canje de acciones, libro de accionistas, modificaciones de estatutos y sus inscripciones, otros documentos levantados para comunicar asambleas: facturas de publicaciones de edictos, memorias del directorio, informes de síndico, registro de asistencia a asamblea, otros anexos disponibles, composición accionaria inicial y la última declarada ante la institución, incluyendo nombres y apellidos de los accionistas, además de la participación accionaria de cada una, copias de todas las actas desde la creación de las firmas hasta la fecha en la que se remite la presente solicitud de acceso a la información pública, cualquier otro tipo de documentación que haya sido entregada a la institución y aclaración en caso de que alguna haya cambiado su denominación, lo cual constituye información de naturaleza patrimonial privada y su divulgación podría afectar el derecho constitucional de la intimidad, al exponer aspectos del patrimonio individual de los accionantes sin justificación de interés público legítimo. Por las breves consideraciones mencionadas precedentemente se puede concluir que la información solicitada no tiene vínculo alguno con la transparencia administrativa ni con el control de la gestión pública, sino que versa sobre aspectos puramente privados del patrimonio de CARSA S.A. y la de sus accionistas, por tanto, corresponde hacer lugar al amparo promovido y, en consecuencia, disponer que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de entregar documentos o informaciones de la firma amparista que se encuentre almacenada en sus registros, sin orden judicial expresa que así lo disponga o que el pedido, provenga de algún organismo del estado habilitado para ello…..” (Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 29 de octubre del 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en la Niñez y Adolescencia de la Capital).- Finalmente, las costas deberán ser impuestas por su orden, según el Art. 193 del C.P.C., ya que el ministerio demandado tenía razones atendibles para divulgar la información en cuestión, que sin embargo luego del análisis planteado, decanta en que la misma no deben ser entregadas a terceros, no mencionados en el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, salvo orden judicial expresa.- POR TANTO, en mérito a lo expuesto, y de conformidad a la disposición legal citada, el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL UNDÉCIMO TURNO, Secretaría N° 22; R E S U E L V E: HACER LUGAR, a la presente acción de amparo constitucional promovida por los Sres. CARLOS ANTONIO OCAMPOS ZELADA con C.I. N° 312.352, MARÍA TERESA VILLATE GARCETE con C.I. N° 449.599, CARLOS OCAMPOS VILLATE con C.I. N° 2.037.949, ADRIANA OCAMPOS VILLATE con C.I. N° 3.207.662, LETICIA OCAMPOS VILLATE con C.I. N° 2.037.950, ANA MARÍA PALACIOS DE PEÑA con C.I. N° 1.110.910, JOSÉ CAYETANO PEÑA NIETO con C.I. N° 261.487, GONZALO PEÑA OCAMPOS con C.I. N° 4.203.530, SERENELLA ARGAÑA SCAVONE con C.I. N° 3.985.884, MANUEL PEÑA PALACIOS con C.I. N° 1.974.957, CLAUDIA VERÓNICA GÓMEZ ABENTE con C.I. N° 1.311.369, FRANCISCO PEÑA PALACIOS con C.I. N° 2.180.843, y ROCÍO CABALLERO BOSCH con C.I. N° 807.253, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, contra el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, por los motivos y conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y en consecuencia ORDENAR a la parte demandada la prohibición de entregar documentos de carácter reservado de propiedad de los accionantes, almacenados en sus dependencias, sin orden judicial expresa o en su caso que el pedido provenga de un organismo estatal habilitado por Ley para el efecto ante la citada institución, por los motivos y conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de esta resolución, así como este juzgador viene fallando en casos similares.- IMPONER, costas por su orden.- REGISTRAR, y conservar en el gestor documental del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en el Art.66 de la Ley No. 6822/2022 y en el Protocolo de tramitación electrónica, ítem 5, aprobado por Acordada C.S.J. No. 1108 del 31 de agosto de 2016.- CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA JUDICIAL. Firmado digitalmente por: DIEGO ALEJANDRO TORRES SANDOVAL (JUEZ/A)

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