miércoles, 11 de noviembre de 2026
Amparo para vedar información reservada?
JUICIO: AMPARO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO POR CARLOS ANTONIO OCAMPOS ZELADA Y
OTROS BAJO PATROCINIO DE LA ABG. JAZMÍN GARCETE CANTERO CONTRA EL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS (MEF).i S.D. N°: 897 ASUNCION, 5 de Noviembre de 2025 V I S
T O: El presente juicio de Amparo Constitucional del que; R E S U L T A: } Que,
en fecha 30 de octubre del 2025, se presentan los señores Carlos Antonio Ocampos
Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos
Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña
Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios,
Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch,
por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, a promover la presente
Garantía Constitucional de Amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas,
manifestando que, actualmente se hallan en inminente peligro de violación por
parte de Ministerio de Economía y Finanzas sus derechos constitucionales
fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental.-
Por providencia de fecha 30 de octubre del 2025, este Juzgado tuvo por iniciada
la presente Garantía Constitucional de Amparo y requirió al citado ente público
demandado, informe circunstanciado en los términos del art. 572 del C.P.C.- En
fecha 03 de noviembre del 2025, se presenta el Abg. Miguel E. Cardozo Zarate,
bajo patrocinio del Abg. del Tesoro Ángel Fernando Benavente Ferreira, en
representación del Ministerio de Economía y Finanzas, a evacuar el traslado
previsto en el Art. 572 del C.P.C.- Por proveído de fecha 04 de noviembre del
2025, se tuvo por contestado el traslado por parte del Ministerio de Economía y
Finanzas y se llama autos para Sentencia.- C O N S I D E R A N D O: Que, los
señores Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos
Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María
Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella
Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco
Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch promueven demanda de Amparo Constitucional
contra el del Ministerio de Economía y Finanzas, manifestando principalmente que
sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad
del patrimonio documental, consagrados en los Artículos 33 y 36 de la
Constitución Nacional, se encuentran en inminente peligro de violación por parte
de la institución demandada. Sostienen que la amenaza concreta se origina en la
Solicitud N° 97430 de fecha 07/09/2025, realizada por el señor Hugo Javier
Portillo Sosa al Ministerio de Economía y Finanzas a través del Portal Unificado
de Información Pública. Dicha solicitud, invocando la Ley 5282/14, requiere que
el Ministerio de Economía y Finanzas informe sobre todas las sociedades o
empresas registradas en las que figuren los amparistas: Leticia Ocampos Villate,
Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos,
Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente,
Francisco Peña Palacios, Rocío Caballero Bosch, Carlos Antonio Ocampos Zelada,
María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate,
en cualquiera de las siguientes calidades: Accionista o socio fundador, Miembro
del directorio o administrador, Representante legal o apoderado, Propietario
registrado, o Cualquier otro vínculo societario o de gestión empresarial que
conste en los registros públicos. Alegan que la inminente provisión de la
información solicitada a una persona no autorizada, sumada a la total carencia
de cualquier otra vía procesal o administrativa idónea para impedir la
violación, habilitan plenamente la presente acción de amparo. Asimismo, indican
que, como titulares de los datos cuya divulgación se pretende, debieron ser
reconocidos como parte afectada en el procedimiento administrativo, conforme al
Artículo 39 de la Ley N° 6715/2021, ya que como ciudadanos paraguayos tienen el
derecho de gozar de las garantías mínimas consagradas en la ley para los
procedimientos administrativos. Señalan que los amparistas son personas privadas
sin cargos públicos, y la información solicitada incluye la participación
accionaria en estructuras jurídicas o en la administración de las mismas,
comprende necesariamente datos de personas físicas identificadas lo cual incursa
a dicha información dentro de la noción de datos personales y datos personales
crediticios, en los términos de la Ley N° 6534/2020. La divulgación daría lugar
a la elaboración de perfiles completos sobre su situación patrimonial,
transgrediendo con ello la disposición expresa del art. 6 de la Ley N° 6534/2020
y representa un riesgo para su seguridad física personal, la de sus familias y
personas allegadas, al ser accesible a un número potencialmente ilimitado de
personas. Argumentan que, dado que no han otorgado su consentimiento, el
eventual tratamiento y divulgación de los datos sería ilícito. Manifiestan que
la información en los registros del MEF es información pública reservada y que
la Ley N° 6446/2019, es explicita y taxativa en cuanto a quienes pueden tener
acceso a la información solicitada, limita de manera clara el acceso de terceros
no autorizados, ya que dicha información será accesible únicamente para los
organismos y entidades del Estado, y se podrá además habilitar el acceso, a los
efectos de su consulta en línea, exclusivamente para otras autoridades, es decir
que no serán accesibles a terceros que no sean entidades publicas
específicamente orientadas a la prevención de delitos o faltas administrativas.
Finalmente, reiteran que la información que se solicita no es información de
acceso público, en los términos de la propia Ley N° 5282/14 y concordantes, por
lo que sostienen que el presente amparo cumple con los requisitos
constitucionales de procedencia.- Luego, requerido el informe previsto en el
Artículo 572 del Código Procesal Civil, la MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,
remitió a este Juzgado el informe jurídico DGPEJBF N° 84/2025, acompañadas de
documentos, y niega la procedencia del Amparo debido a que, según expresa, no se
dan ninguno de los requisitos para la procedencia tal como preceptúa el Art. 134
de la Constitución Nacional, a su vez, arguye que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS, como así también alega que se ha pronunciado formalmente por informe
Jurídico No. 55 fecha 02 octubre de 2025 remitido por la Dirección de Personas y
Estructura Juridicas y Beneficiarios Finales. Menciona que, al haber cesado la
falta de pronunciamiento de la Dirección de Pensiones, resulta menester la
exoneración de costas.- Seguidamente corresponde estudiar la cuestión planteada,
y así tenemos que los Sres. Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate
Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos
Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña
Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez
Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch, promueven demanda por
amparo constitucional contra el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ya que alegan
que sus derechos constitucionales resguardados en los Art. 33 y 36 de la
Constitución Nacional Paraguaya se encuentran en peligro inminente de ser
menoscabados, en razón de que mediante la Solicitud N° 97430 de fecha 07 de
setiembre del 2025 realizada por el Sr. Hugo Javier Portillo Sosa a la persona
demandada, se pretende que se le otorgue información sobre las sociedades o
empresas registradas a nombre de los actores, especificando quienes son los
accionistas o socio fundador, miembro del directorio o administrador,
representante legal o apoderado, propietario registrado, cualquier vinculo
societario o de gestión de empresarial que conste en los registros públicos,
información que los actores reputan que son de carácter reservado resguardado en
los registros de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y
Beneficiarios Finales, y cualquier vulneración al respecto, sería en perjuicio
de las normas constitucionales ya referidas, sin perjuicio de que a la misma
puedan acceder los sujetos establecidos en la Ley N° 6446/2019.- Pues bien, este
juzgador debe mencionar preliminarmente que viene sosteniendo en anteriores
fallos como la S.D. N° 474 de fecha 13 de octubre del 2025 dictado como interino
del juzgado en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, acerca de la viabilidad
de este tipo de demandas por amparo constitucional por acceso de la información
pública en relación al patrimonio documental referenciado en el Art. 11 de la
Ley N° 6446/2019, por las razones que paso exponer.- Como punto de partida, se
debe atender que la información requerida por solicitud 97430 de fecha 07 de
setiembre del 2025, se encuentra almacenada en la Dirección General de Personas
y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, que según el Decreto N°
3241/2020 que reglamenta la Ley N° 6446/2019 establece en su Art. 03, dice: “…
Carácter de los registros: El registro administrativo de personas y estructuras
jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales serán de
carácter nacional, centralizados e independientes, en los que deberán
registrarse los datos e informaciones adecuados, precisos, actualizados y
oportunos sobre todas las personas y estructuras jurídicas del país, así como de
sus beneficiarios finales….”, lo que conlleva, en principio, a un registro
unificado y autónomo, diseñado como fuente de datos accesible a toda la nación,
salvo que conforme lo prevé el Art. 02 de la Ley N° 5282/2014, dicha información
sea establecida como secreta o de carácter reservado.- Entonces, lo que se debe
determinar es si la información requerida es una información puramente pública o
se encuentra establecida como de carácter reservado, y para el efecto se trae a
colación lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, que dice: “…“…El
Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de
Beneficiarios Finales serán accesibles para los Organismos y Entidades del
Estado, así como los sujetos que cumplan funciones de prevención, investigación
y sanción de hechos punibles que pudieren realizarse mediante la utilización o
control efectivo final de una persona jurídica u otras estructuras jurídicas. El
Ministerio de Hacienda habilitará interconexiones para obtener accesos en línea
a la base de datos del Registro para el Banco Central del Paraguay (BCP), la
Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los sujetos obligados por la Ley N°
1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA
LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, conforme lo determine la Secretaría de
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y otros organismos
competentes que requieran de la información contenida en la misma para el
cumplimiento de sus atribuciones y el desarrollo de sus funciones....”. y en
este punto quiere detenerme, ya que de la lectura de dicha normativa se
desprende con meridiana claridad de que la información almacenada en el Registro
Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de
Beneficiarios Finales no puede ser considerada típicamente pública, en la
inteligencia de que si cualquier ciudadano puede acceder al registro
administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de
Beneficiarios Finales, no tendría razón de ser que la norma establezca en forma
expresa los sujetos que podrán acceder a ella, ya que al nominar estos sujetos,
evidentemente conlleva a una limitación de las personas jurídicas -en este caso-
que pueden ingresar a esta información.- Para despejar toda duda, el mismo Art.
11 de la Ley N° 6446/2019, establece en su último apartado: “…La autoridad de
aplicación podrá además habilitar el acceso, a los efectos de su consulta en
línea, exclusivamente para otras autoridades tributarias, autoridades
administrativas, agentes fiscales y órganos jurisdiccionales intervinientes en
materia de persecución de lavado de dinero, infracciones monetarias, evasión
fiscal y financiación del terrorismo, y supervisión o superintendencia bancaria,
financiera, de seguros, de valores y de pensiones…”, aquí se establece un doble
cerrojo en la consideración reservada de la información, ya que menciona que
además de los sujetos designados para acceder a este tipo de información
-primera parte de dicha normativa-, prevé que la autoridad de aplicación puede
habilitar el acceso, exclusivamente -entiéndase solamente o excluyendo a otros-,
a otras autoridades tributarias, autoridades administrativas, agentes fiscales y
órganos jurisdiccionales en materias determinadas, de lo que se concluye de que
no pueden acceder a esta información personas que no fueren señaladas en forma
excluyente en la norma de referencia, lo que traduce con bastante notoriedad de
que la información que pretende acceder el Sr. Hugo Javier Portillo Sosa se
encuentra restringido a las personas mencionadas en el Art. 11 de la Ley N°
6446/2019, dando como resultado que el acceso en perjuicio de lo previsto en el
Art. 02 de la Ley N° 5282/2014 en concordancia con el Art. 11 de la Ley N°
6446/2019, constituye un acto manifiestamente ilegitimo que sobrepasa el umbral
del derecho de acceso de información del peticionante, en perjuicio, o peligro
inminente del derecho también constitucional del resguardo documental
patrimonial de los amparistas, previstos en los Art. 33 y 36 de la Constitución
Nacional Paraguaya, que “per se” constituye una lesión grave por afectar
derechos de máximo rango, lo cual no puede ser remediado por la vía ordinaria,
dada la urgencia del caso, ya que la entrega de estos documentos por parte de la
demanda es inminente, confluyendo entonces los presupuestos previstos en el Art.
134 de la Constitución Nacional, que dice: “…Toda persona que, por un acto u
omisión, manifiestamente ilegitimo, de una autoridad o de un particular, se
considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o
garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la
urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover
amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario,
gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley…”. Es
importante destacar, además, que el razonamiento expuesto por este magistrado es
consonante no solo con otros fallos emanados por este mismo juzgador, sino con
la jurisprudencia actualizada de nuestros tribunales, que dice: “…En atención a
lo solicitado, conforme al art. 2 de la Ley N° 5282/2014, la información es
pública salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado.
Con la creación del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas
y Registro de Beneficiarios Finales, la ley prevé que los mismos sean de acceso
irrestricto para los organismos y entidades del Estado Banco Central del
Paraguay, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (anteriormente SET),
SEPRELAD, entre otros, por ende, la información no estará disponible para
terceras personas. Al respecto corresponde traer a colación lo dispuesto en la
Ley N° 6446/19 "QUE CREA EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PERSONAS Y ESTRUCTURAS
JURÍDICAS Y EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIARIOS FINALES DEL PARAGUAY",
el cual en su art. N° 11 menciona cuanto sigue: "…Acceso al registro y
cooperación…”. “…El Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas
y el Registro de Beneficiarios Finales serán accesibles para los Organismos y
Entidades del Estado, así como los sujetos que cumplan funciones de prevención,
investigación y sanción de hechos punibles que pudieren realizarse mediante la
utilización control efectivo final de una persona jurídica u otras estructuras
jurídicas…” (…) La información cuya entrega se cuestiona no versa sobre datos de
carácter público, sino sobre información societaria y patrimonial sujeta a un
régimen especial de acceso restringido, conforme lo dispuesto por la Ley N°
6446/2019, citado precedentemente, por lo que su divulgación podría implicar una
afectación a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional,
atendiendo que la presente acción ha sido promovida a fin de evitar que se
quebranten o se violenten disposiciones sobre la intimidad, patrimonio
documental y la seguridad de los ciudadanos, en este caso en específico de la
firma CARSA S.A. y sus accionistas. Corresponde señalar además que la Ley N°
5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”, fue creada con la finalidad de garantizar la transparencia en la
gestión estatal y el acceso a datos que permitan un control ciudadano sobre el
desempeño de las instituciones públicas. No obstante, ello no habilita a que se
vulnere de manera irrestricta la esfera privada de las personas mediante la
exposición de información patrimonial, cuya revelación no tiene incidencia en la
transparencia de la función pública ni contribuye a la investigación social de
la administración de la cosa pública. El pedido formulado pretende que el
Ministerio de Economía y Finanzas revele datos relativos a la constitución
societaria, actas de asamblea, actas de directorio, constancia de comunicación
en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas, constancia de
comunicación en el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales, dictámenes
(ABOGACIA DEL TESORO), constancia de Inscripción de Sociedades en DGPEJBF,
constancia de comunicación asamblearia, constancia de comunicación de
transferencia de acciones, constancia de comunicación de canje de acciones,
libro de accionistas, modificaciones de estatutos y sus inscripciones, otros
documentos levantados para comunicar asambleas: facturas de publicaciones de
edictos, memorias del directorio, informes de síndico, registro de asistencia a
asamblea, otros anexos disponibles, composición accionaria inicial y la última
declarada ante la institución, incluyendo nombres y apellidos de los
accionistas, además de la participación accionaria de cada una, copias de todas
las actas desde la creación de las firmas hasta la fecha en la que se remite la
presente solicitud de acceso a la información pública, cualquier otro tipo de
documentación que haya sido entregada a la institución y aclaración en caso de
que alguna haya cambiado su denominación, lo cual constituye información de
naturaleza patrimonial privada y su divulgación podría afectar el derecho
constitucional de la intimidad, al exponer aspectos del patrimonio individual de
los accionantes sin justificación de interés público legítimo. Por las breves
consideraciones mencionadas precedentemente se puede concluir que la información
solicitada no tiene vínculo alguno con la transparencia administrativa ni con el
control de la gestión pública, sino que versa sobre aspectos puramente privados
del patrimonio de CARSA S.A. y la de sus accionistas, por tanto, corresponde
hacer lugar al amparo promovido y, en consecuencia, disponer que el Ministerio
de Economía y Finanzas se abstenga de entregar documentos o informaciones de la
firma amparista que se encuentre almacenada en sus registros, sin orden judicial
expresa que así lo disponga o que el pedido, provenga de algún organismo del
estado habilitado para ello…..” (Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 29 de
octubre del 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en la Niñez y
Adolescencia de la Capital).- Finalmente, las costas deberán ser impuestas por
su orden, según el Art. 193 del C.P.C., ya que el ministerio demandado tenía
razones atendibles para divulgar la información en cuestión, que sin embargo
luego del análisis planteado, decanta en que la misma no deben ser entregadas a
terceros, no mencionados en el Art. 11 de la Ley N° 6446/2019, salvo orden
judicial expresa.- POR TANTO, en mérito a lo expuesto, y de conformidad a la
disposición legal citada, el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DEL UNDÉCIMO TURNO, Secretaría N° 22; R E S U E L V E: HACER LUGAR, a
la presente acción de amparo constitucional promovida por los Sres. CARLOS
ANTONIO OCAMPOS ZELADA con C.I. N° 312.352, MARÍA TERESA VILLATE GARCETE con
C.I. N° 449.599, CARLOS OCAMPOS VILLATE con C.I. N° 2.037.949, ADRIANA OCAMPOS
VILLATE con C.I. N° 3.207.662, LETICIA OCAMPOS VILLATE con C.I. N° 2.037.950,
ANA MARÍA PALACIOS DE PEÑA con C.I. N° 1.110.910, JOSÉ CAYETANO PEÑA NIETO con
C.I. N° 261.487, GONZALO PEÑA OCAMPOS con C.I. N° 4.203.530, SERENELLA ARGAÑA
SCAVONE con C.I. N° 3.985.884, MANUEL PEÑA PALACIOS con C.I. N° 1.974.957,
CLAUDIA VERÓNICA GÓMEZ ABENTE con C.I. N° 1.311.369, FRANCISCO PEÑA PALACIOS con
C.I. N° 2.180.843, y ROCÍO CABALLERO BOSCH con C.I. N° 807.253, por sus propios
derechos y bajo patrocinio de abogado, contra el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS, por los motivos y conforme a los fundamentos expuestos en el exordio
de la presente resolución y en consecuencia ORDENAR a la parte demandada la
prohibición de entregar documentos de carácter reservado de propiedad de los
accionantes, almacenados en sus dependencias, sin orden judicial expresa o en su
caso que el pedido provenga de un organismo estatal habilitado por Ley para el
efecto ante la citada institución, por los motivos y conforme a los fundamentos
expuestos en el considerando de esta resolución, así como este juzgador viene
fallando en casos similares.- IMPONER, costas por su orden.- REGISTRAR, y
conservar en el gestor documental del Poder Judicial, conforme a lo dispuesto en
el Art.66 de la Ley No. 6822/2022 y en el Protocolo de tramitación electrónica,
ítem 5, aprobado por Acordada C.S.J. No. 1108 del 31 de agosto de 2016.-
CONSTANCIA: ESTA RESOLUCIÓN FUE REGISTRADA DIGITALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICA JUDICIAL. Firmado digitalmente por: DIEGO ALEJANDRO TORRES SANDOVAL
(JUEZ/A)
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