miércoles, 23 de septiembre de 2026

La indemnidad del criterio jurisdiccional como límite del enjuiciamiento de magistrados

 


A propósito dela opinión del ministro Víctor Ríos Ojeda en el pedido de suspensión preventiva de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero

Prof. Abg. Blas Eduardo Ramírez Palacios

Profesor de Derecho Procesal Civil — Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de Itapúa

I. Los antecedentes

El 14 de agosto de 2026, la jueza en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Encarnación, hizo lugar a la acción de amparo promovida por la Municipalidad de Encarnación contra la Entidad Binacional Yacyretá y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, a raíz del colapso del sistema cloacal de la ciudad. Antes de resolver, la magistrada comisionó al actuario para que, con presencia de todas las partes, verificara el estado de las sesenta y tres estaciones de bombeo de efluentes de la red. La diligencia constató que solo una funcionaba correctamente y que las aguas servidas se vertían sin tratamiento en los arroyos subembalsados Poti'y y Mboí-caé. Con esa base empírica, la sentencia ordenó la reparación del sistema en un plazo de cuarenta y cinco días.[1]

A instancia de la propia binacional, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió el 20 de agosto, por Auto Interlocutorio N° 123, solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión preventiva de la magistrada por supuesto mal desempeño de funciones. Entretanto, el Tribunal de Apelación confirmó por mayoría la sentencia de primera instancia; la disidencia sostuvo que había caducado el plazo para interponer el amparo. En sesión plenaria de septiembre de 2026, la Corte rechazó por mayoría el pedido del Jurado.[2] El argumento que la mayoría acompañó fue el expuesto por el ministro Víctor Ríos Ojeda, cuya intervención oral es objeto de esta nota.

II. Reconstrucción del argumento

El fundamento se articula en cinco pasos sucesivos, que conviene separar porque no tienen idéntica fuerza persuasiva ni idéntico alcance.

1. La indemnidad del criterio jurisdiccional

El ministro parte de lo que califica como principio básico de todo Estado de derecho: ningún magistrado puede ser enjuiciado ni sancionado por la opinión emitida en la interpretación del derecho. La premisa se sostiene por reducción al absurdo. Si un juez puede ser castigado por la forma en que entiende un texto jurídico, el Poder Judicial pierde su razón de ser, y habría que admitir que sean órganos administrativos, gremiales o ajenos a los poderes del Estado quienes digan el derecho, contra la opción histórica del constitucionalismo por un poder especialmente instituido para ello. La ironía del pasaje no debilita el razonamiento; lo desnuda.

2. La sustancia del caso: una decisión fundada en prueba

El segundo paso desplaza la atención hacia el objeto del amparo. Estaba en juego el derecho a vivir en un ambiente saludable (art. 7 CN) y, por su intermedio, la salud y la vida de la población (arts. 4, 6 y 68 CN). El ministro subraya que la jueza no resolvió en abstracto: ordenó una constatación en el terreno, con intervención de todas las partes, y solo después hizo lugar a la acción. Añade que la relevancia del derecho no depende del número de afectados; aun tratándose de una sola persona, un derecho fundamental reconocido por la Constitución reclama tutela.

3. La discrepancia en alzada como cuestión opinable

El tercer paso toma el voto disidente del Tribunal de Apelación, que computó el plazo de sesenta días del art. 567 del Código Procesal Civil desde una resolución de la Junta Municipal y concluyó que la acción había caducado. Para Ríos se trata de una interpretación muy discutible, al punto de que la mayoría del mismo tribunal la desechó, y de una lectura que no repara en el carácter continuado de la lesión: el vertido persiste y, con él, el peligro para la salud de los habitantes. Frente a una afectación de esa índole, la obligación mínima del Poder Judicial es proteger.

4. La irrelevancia del resultado recursivo

El cuarto paso es, a nuestro juicio, la contribución más fina del fundamento del Ministro Ríos. Aun en la hipótesis de que la alzada hubiese revocado, ello no constituiría criterio para afirmar un mal desempeño. El ministro advierte una práctica incoherente, que atribuye tanto a la auditoría de la Corte como al propio Jurado: cuando la Cámara revoca, la revocación se invoca como fundamento de la sanción; cuando confirma, igualmente se sanciona. La conclusión es precisa: la decisión de alzada puede operar como una variable a considerar, pero no como criterio para definir el mal desempeño.

5. La autonomía de la Corte frente al pedido del Jurado

Por último, con expresa referencia hacia el Jurado de Enjuiciamiento, el ministro afirma que la Corte no está subordinada a ningún otro poder ni órgano del Estado en la valoración de los presupuestos de la suspensión. La Corte no homologa el pedido; lo juzga. Sobre esa base concluye que no se reúnen los presupuestos para suspender a la magistrada.

III. Análisis crítico

A. El núcleo del argumento

La tesis central es sólida y se apoya en el bloque de constitucionalidad. El art. 248 de la Constitución garantiza la independencia del Poder Judicial, y el art. 253 limita el enjuiciamiento de magistrados a la comisión de delitos o al mal desempeño de funciones. El mal desempeño es un concepto jurídico indeterminado, pero no vacío: alude a la manera de ejercer la función, no al sentido de lo decidido. Si bastara el desacuerdo con una interpretación para configurarlo, cada controversia jurídica sería una potencial causa de remoción, y la independencia interna del juez quedaría reducida a una declaración.

El estándar interamericano es coincidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el órgano disciplinario no puede fundar una sanción en la mera discrepancia con el criterio jurídico adoptado por el juez, y que el cauce ordinario para corregir el error judicial es el sistema de recursos.[3] La doctrina se integra con la garantía de un juez independiente del art. 8.1 de la Convención Americana y con la línea que protege la estabilidad y la inamovilidad judicial frente a remociones arbitrarias.[4]

B. La crítica al resultadismo

El cuarto paso del fundamento merece ser aislado porque tiene alcance general. Si la confirmación en alzada no prueba el acierto y la revocación no prueba la falta, el resultado recursivo es neutro desde el punto de vista disciplinario. De ello se sigue una exigencia metodológica: la imputación de mal desempeño debe apoyarse en elementos autónomos respecto del sentido de la decisión, tales como la desidia, la parcialidad, la violación de las formas esenciales del proceso o la ausencia de motivación. Usar la suerte del recurso a conveniencia, como argumento de cargo en un sentido y como dato irrelevante en el otro, revela que el reproche no se dirige a la conducta del juez sino al contenido de lo que resolvió.

C. Flancos abiertos

La opinión expresada deja, sin embargo, algunos flancos que la elaboración del criterio debe cubrir.

En primer lugar, el ministro reconoció no haber leído la resolución del Tribunal de Apelación, por haberse detenido en la sentencia de primera instancia. La omisión es coherente con su tesis, pues si el resultado de la alzada es irrelevante no hace falta examinarlo; pero, en una decisión cautelar que afecta la estabilidad de un magistrado, resulta metodológicamente vulnerable. El propio pleno, en la sesión anterior, había dispuesto circularizar esa resolución antes de decidir.

En segundo lugar, el fundamento analizado no traza el contorno de la indemnidad. Formulada sin límites, la regla podría leerse como un blindaje de cualquier decisión, y esa lectura es insostenible. Subsisten el error inexcusable, la arbitrariedad manifiesta, el desconocimiento grosero del derecho vigente y la conducta delictiva, supuestos en que el contenido de la resolución deja de ser opinión jurídica y pasa a ser indicio de otra cosa. El criterio debe explicitar ese umbral.

En tercer lugar, la calificación del Jurado como órgano extra poder es retóricamente eficaz, pero conviene matizarla: el Jurado tiene rango constitucional (art. 253 CN). La afirmación técnicamente correcta es otra: la suspensión preventiva exige verosimilitud de una causal y la Corte debe controlarla por sí misma.

En cuarto lugar, el opinante no se ocupa de las defensas que la binacional puede oponer en el proceso: su régimen jurídico derivado del Tratado de Yacyretá, la legitimación de la Municipalidad para demandar y la caducidad de la acción. La omisión, lejos de debilitar el argumento, lo confirma. Esas son cuestiones de recurso, y su discusión en sede disciplinaria es precisamente lo que reprocha con acierto el Ministro Ríos.

IV. Criterio general

A partir de la posición del ministro Ríos, y cubriendo los flancos señalados, proponemos el siguiente criterio:

El contenido de una resolución jurisdiccional —la selección, interpretación y aplicación de normas y la valoración de la prueba— no configura por sí mismo mal desempeño de funciones en los términos del art. 253 de la Constitución, ni verosimilitud suficiente para la suspensión preventiva del magistrado. Es indiferente, a esos efectos, que la decisión haya sido confirmada o revocada en alzada. La responsabilidad solo procede cuando la decisión revela un apartamiento manifiesto e inexcusable del ordenamiento, inexplicable por cualquier criterio interpretativo razonable, o encubre conductas ajenas a la función, como la parcialidad, la desidia o el delito, la ignorancia de la ley, extremos que deben acreditarse de modo autónomo respecto del mero desacuerdo con lo resuelto. En materia de derechos fundamentales, y en especial de ambiente, salud y vida, la adopción de interpretaciones favorables a la tutela efectiva, apoyadas en comprobación empírica y con respeto al contradictorio, constituye cumplimiento del deber jurisdiccional y no su desviación.

V. Fundamentos del criterio

Fundamentos normativos. El criterio descansa en la separación de poderes (art. 3 CN), la independencia del Poder Judicial (art. 248 CN) y el carácter taxativo de las causales de enjuiciamiento (art. 253 CN). Se integra con la garantía del amparo (art. 134 CN) y con los derechos a la vida, a la calidad de vida, a un ambiente saludable y a la salud (arts. 4, 6, 7, 8 y 68 CN). En el plano procesal, el art. 567 del Código Procesal Civil, al fijar el plazo de caducidad del amparo a partir del conocimiento del acto lesivo, abre un espacio interpretativo que, tratándose de lesiones al interés general, las acciones de grupo o difusas, no solo es opinable, sino de persistir en la idea se estaría incurriendo en negación de las garantías de rango constitucional frente a casos de vulneración flagrante y actual  de los derechos que por su propia naturaleza son repetitivos o continuados en el tiempo, sin solución de continuidad de no arbitrarse las defensa y protecciones establecidas en las leyes.

Fundamentos sistémicos. El error jurídico se corrige por la vía recursiva. Convertir al órgano disciplinario en una tercera instancia de mérito subvierte la arquitectura del proceso, superpone dos controles con finalidades distintas y somete al juez a una revisión de sus decisiones por quien no ejerce jurisdicción sobre la causa.

Fundamentos convencionales. El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana citada exigen que la remoción y la suspensión de jueces respondan a causales previstas y acreditadas, y excluyen expresamente la discrepancia de criterio como fundamento de sanción.

Fundamentos consecuencialistas. La sanción del criterio produce jueces defensivos, inclinados a rechazar las acciones incómodas contra entes poderosos para ponerse a cubierto. El efecto es exactamente el contrario al de la tutela judicial efectiva, y se agrava en los procesos constitucionales, donde la función del juez consiste, precisamente, en controlar al poder.

VI. Pauta operativa

Del criterio se desprende una pauta de aplicación para el examen de los pedidos de suspensión preventiva. La Corte debería verificar:

a)       si la imputación se funda en hechos o conductas distintos del sentido de lo resuelto;

b)       si la decisión cuestionada admite, al menos, una lectura jurídica razonable dentro del ordenamiento vigente; y

c)       si en el trámite se respetaron el debido proceso y el deber de motivación.

Cuando la imputación se reduce al contenido de la decisión y esta resulta razonable y motivada, falta la verosimilitud de la causal y el pedido debe ser rechazado. Solo si el primer interrogante recibe respuesta afirmativa, o si el segundo y el tercero la reciben negativa, se abre el examen de fondo sobre la procedencia de la medida.

VII. Conclusión

El criterio sustentado por el ministro Ríos no inaugura una regla nueva; recuerda una que la práctica disciplinaria parecía haber olvidado. Su mérito principal está en haber desplazado el eje del debate desde el resultado de la sentencia hacia la conducta del juez, y en haber denunciado la utilización selectiva de la suerte del recurso como argumento de cargo. Sus omisiones, en particular la falta de contorno de la indemnidad, no comprometen la tesis, pero obligan a completarla. Completada, la regla ofrece a la Corte un parámetro estable para decidir los pedidos de suspensión y a los jueces de instancia una garantía mínima: la de poder resolver conforme a derecho, incluso contra los poderosos, sin que el acto de juzgar se convierta en causa de su propio enjuiciamiento.



[1]1000 Noticias, «La Corte postergó para la siguiente sesión el caso de la jueza suspendida por amparo contra la EBY», 15 de septiembre de 2026.

[2]Judiciales.net, «CSJ: juzgar no es causal de suspensión de magistrados», septiembre de 2026.

[3]Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros («Corte Primera de lo Contencioso Administrativo») vs. Venezuela, sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C N° 182.

[4]Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, sentencia de 30 de junio de 2009, Serie C N° 197; Caso López Lone y otros vs. Honduras, sentencia de 5 de octubre de 2015, Serie C N° 302. Véanse también los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura (1985).

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